RIO GRANDE.- Para los Policías Territoriales Retirados la incertidumbre se siente como un puñal clavado en la espalda. Para ellos y sus familias, cada amanecer es un recordatorio de que un nuevo mes ha pasado sin recibir su sustento, tal como sucede ahora con los haberes de agosto. Ya no es solo el medio aguinaldo adeudado; tampoco cobraron el sueldo de julio, y el plazo para recibir el de agosto expira este 3 de septiembre sin una sola señal de pago. Esta deuda acumulada, que pone en riesgo la alimentación, la vivienda y la salud, es la punta de un iceberg de negligencia y desamparo de cientos de familias fueguinas.

La crisis es el resultado de un cóctel explosivo de mala administración, un déficit mensual que supera los $600 millones y decisiones financieras desastrosas. La falta de liquidez es tan extrema que la Caja Compensadora se encuentra al borde del colapso. 

La frustración de los afectados se agudiza por la falta de transparencia sumado a un directorio designado a dedo, sin participación de los jubilados que se niega a rendir cuentas sobre el destino de los fondos. Las denuncias de que se han desviado recursos al Ejecutivo provincial resuenan con la amarga certeza de que su bienestar fue sacrificado por intereses ajenos.

Un jubilado de la fuerza, que vive bajo el peso del anonimato por miedo, compartió su desesperación. "Somos unas 540 familias afectadas, de las cuales unas 100 viven acá en Tierra del Fuego, pero el resto está en otras provincias del país.

El límite de la desesperación

Esto no es un problema local, se ha extendido. “Muchos tenemos hijos estudiando en el norte, viudas que dependen de este ingreso para subsistir. Esta situación no afecta solo a un número de personas, está destruyendo la vida de familias enteras".

La voz del entrevistado tiembla al relatar cómo han sido intimidados para no hablar públicamente. "Nos amenazan con sumarios y con la 'exoneración', que es la máxima sanción. Nos la muestran como la 'carta que tienen bajo la manga' para que no hablemos. Y el miedo te paraliza porque significa perderlo todo, la pensión, el sueldo, y quedar desamparados". Este clima de intimidación ha generado un silencio forzado, un pacto de mutuo desamparo que ahoga la posibilidad de un reclamo colectivo.

A la fecha y ante el panorama sombrío, los Policías Retirados agotan todas las vías administrativas y su única esperanza parece ser la justicia. Ya no hay espacio para el diálogo con las autoridades que han dado la espalda a su obligación. "No tenemos la esperanza de cobrar ahora. Solo nos queda la esperanza en la justicia. Falta cobrar el aguinaldo, dos meses de sueldo, y esperar a ver qué dice un juez", lamentó el entrevistado. Sin embargo, detrás de la voz, se percibe una fuerza renovada, un último recurso impulsado por la desesperación. "La esperanza la tenemos, porque por encima de la esperanza tenemos un derecho. Todo lo que reclamamos es lo que hemos aportado. Ni más ni menos". Ante la inacción y el desdén del gobierno, el drama social se ha convertido en una batalla legal. Una batalla que definirá el futuro de 540 familias que, en este momento, no tienen nada que perder salvo su dignidad.