El secretario de la Fiscalía, Federico Saldivia, explicó que esta coordinación ya se puso en práctica en una causa de flagrancia. “Más allá de la aplicación permanente de la ley, en ese caso se buscó asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género percibida por la víctima”, señaló.

Asimismo, indicó que los fiscales de la unidad especializada dispusieron informar de manera directa a la comisaría interviniente sobre el alcance de la normativa. “Es especialmente importante en situaciones sensibles, cuando la identidad de la persona no coincide con la que figura en su DNI. En esos casos se debe respetar la autodeterminación y la integridad de quien acude al Poder Judicial por haber sufrido un delito”, remarcó.

El esquema se apoya en tres leyes fundamentales: la 26.485, que obliga al Estado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; la 26.743, que garantiza el reconocimiento de la identidad de género autopercibida en cualquier trámite; y la 27.499, conocida como Ley Micaela, que impone capacitación en género a todo el personal del Estado y fuerzas de seguridad.

En la práctica, las denuncias deberán recibirse en espacios privados, sin demoras, con un lenguaje claro y respetando los nombres y pronombres indicados por la persona denunciante, sin exigir requisitos adicionales. También se reforzará la evaluación de riesgo y la adopción inmediata de medidas de protección, como botones antipánico, restricciones de acercamiento o custodia preventiva.

El plan contempla además capacitaciones permanentes para oficiales y administrativos, con el objetivo de asegurar entrevistas libres de prejuicios, confidencialidad de los datos y un acompañamiento efectivo.

Con estas medidas, las autoridades buscan que toda persona que se acerque a denunciar lo haga con la certeza de que será recibida con respeto, contención y pleno reconocimiento de su identidad.