Un fallo que desató la polémica

La decisión del juez federal Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la publicación de audios atribuidos a Karina Milei provocó un fuerte cimbronazo político y jurídico. La medida cautelar, que impide la difusión en medios de comunicación y redes sociales, fue calificada por la oposición como un caso de “censura previa” y un avasallamiento a la libertad de expresión.

La denuncia de la Coalición Cívica

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político del magistrado.
Los dirigentes lo acusan de mal desempeño y posible comisión de delitos, y solicitaron la apertura del procedimiento de acusación, su suspensión en el cargo y posterior destitución.

Reyes fue contundente en redes sociales: “La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”.

Un derecho constitucional en juego

Según los denunciantes, la medida dictada por Maraniello constituye una violación directa al derecho humano a la libertad de expresión y acceso a la información pública. En ese marco, recordaron que la Corte Suprema y la Convención Americana de Derechos Humanos han definido como inadmisibles las restricciones previas al ejercicio periodístico.

Sospechas sobre vínculos y conflictos de interés

La denuncia no se limita al fallo. Carrió, Campagnoli y Reyes señalaron una posible relación de connivencia entre Maraniello y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, lo que –de confirmarse– implicaría un atentado contra la independencia judicial.

Además, denunciaron que el juez es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), que contaría con auspiciantes de dudosa compatibilidad con su cargo, como los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, involucrados en el escándalo por la distribución de fentanilo contaminado, que provocó decenas de muertes.

Un historial de denuncias

La presentación también señala que el magistrado acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género iniciadas por personal de su juzgado.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha abusado de su autoridad en perjuicio de sus subalternos y ha menoscabado la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.