La escena es siempre la misma: puertas que se cierran, máquinas que se desmontan y obreros que se quedan en la calle. En los últimos meses la industria textil de Tierra del Fuego registró el cierre de fábricas históricas, traslados de líneas productivas hacia otras provincias y una ola de despidos que, según sindicatos y medios locales, ya supera a los centenares. La combinación de importaciones a precio dumping, decisiones de política económica nacional y la pérdida de mercados internos dejó al sector en caída libre.

En Río Grande la crisis se volvió cotidiana: la textil Fabrisur redujo personal y anunció el desmantelamiento parcial de su planta con traslado de producción al continente, una decisión que deja a decenas de trabajadores en situación de incertidumbre. Al mismo tiempo, otras empresas que fueron pilares del rubro en la provincia ya cerraron sus puertas en los últimos dos años.

Mientras tanto, la angustia de las familias queda en evidencia en casos recientes: en la fábrica Blanco Nieve —uno de los establecimientos que todavía funciona en la ciudad— la empresa propuso pagar salarios en varios pagos a lo largo del mes, una modalidad que los trabajadores denuncian como insostenible y humillante para quien debe afrontar alquileres, luz y alimentos.

¿Por qué colapsa la industria? Las razones son estructurales y coyunturales. Por un lado, las importaciones de indumentaria por plataformas y couriers como Shein y Temu crecieron a ritmo vertiginoso durante 2025, inundando el mercado con prendas a precios imposibles de competir para la producción local. Las estadísticas del comercio exterior y los informes del sector muestran aumentos de dos dígitos en las importaciones que golpean directa y brutalmente a las fábricas nacionales.

A ese fenómeno se sumó una pulseada política que terminó por agravar la situación: el Gobierno nacional avanzó con medidas que reducen gradualmente aranceles e impuestos sobre la importación de determinados bienes —una decisión oficializada en el decreto 333/2025—, un cambio que los actores locales interpretan como el inicio de una “desprotección” que expone a la producción fueguina a la competencia extranjera sin reglas equivalentes. La reacción gremial y social no se hizo esperar: hubo paros provinciales, marchas y fuertes reclamos políticos.

El costo humano ya es mensurable: desde sindicatos locales señalan que la fuerza laboral del sector se redujo drásticamente en los últimos años y que las vacantes se cuentan por decenas, no por centenas. La cascada de cierres —Textil Río Grande y Barpla entre los casos más resonantes— dejó a comunidades enteras sin ingresos estables y golpeó a comercios y servicios que dependían de esa demanda.

Los gremios, por su parte, denuncian que los instrumentos de contención fueron insuficientes. Voceros del sindicato textil alertan que, sin políticas activas (protecciones temporales a la producción local, restricciones a importaciones masivas por courier o incentivos a la reconversión productiva), la provincia podría perder definitivamente una parte importante de su tejido industrial. En la práctica, ya se perciben medidas paliativas: retiros voluntarios, suspensiones y salarios fraccionados que no resuelven la caída de demanda.

¿Hay salida? Los pedidos que repiten dirigentes, trabajadores y algunos referentes políticos locales son claros: medidas de emergencia para frenar la importación masiva que compite en condiciones desiguales; impulso a programas de reindustrialización y reconversión (para que la producción local suba su valor agregado); y, en paralelo, diálogo con Nación para encontrar un esquema de transición que preserve empleos hasta rediseñar un modelo productivo sostenible para la isla. Algunos actores impulsan además iniciativas legislativas para revertir lo dispuesto por el decreto que redujo aranceles.

La fotografía final es sombría: fábricas que se mudan, plazas de trabajo que desaparecen y familias que reciben los sueldos en cuotas mientras sostienen la esperanza de que la política revea su rumbo. Si la industria textil fueguina fue alguna vez símbolo de desarrollo local, hoy es el termómetro de una crisis profunda que exige, ya mismo, respuestas con medidas concretas y responsables.

El panorama es crítico:

• Despidos y suspensiones se multiplicaron en los últimos meses, dejando a cientos de familias fueguinas sin sustento.

• Plantas cerradas y traslados de producción a otras provincias reducen cada vez más la capacidad instalada en la isla.

• Importaciones masivas de productos textiles, favorecidas por la apertura del mercado, arrasan con la producción local.

• Sueldos en cuotas en las pocas fábricas en pie reflejan la asfixia financiera de un sector que alguna vez fue motor económico en Río Grande.