Según publicó el portal Brief TDF, la propuesta sostiene que la empresa estatal no consiguió cumplir los objetivos trazados al momento de su creación, cuando se proyectaba que elaborara medicamentos, antibióticos y sueros. Por el contrario, el laboratorio se mantuvo en pie gracias a transferencias del Tesoro provincial y sin generar ingresos propios relevantes.

El texto también recuerda que, pese a los pedidos de informes cursados en distintas oportunidades, las respuestas oficiales fueron consideradas incompletas o poco satisfactorias.

El proyecto establece que la liquidación quede bajo supervisión de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas para garantizar transparencia, y prevé que todo el personal sea reubicado en otras dependencias del Estado para resguardar la continuidad laboral.

En el plano político, el MPF argumenta que los fondos públicos deben priorizar áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo productivo, antes que sostener lo que califican como una estructura deficitaria y sin resultados.

El debate sobre el futuro del Laboratorio del Fin del Mundo, que lleva casi una década en funcionamiento, vuelve a instalarse en la Legislatura, que será la encargada de definir si avanza o no con la derogación.