La iniciativa fue objetada desde el inicio por el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, y el exconcejal y abogado de Río Grande, Paulino Rossi, quienes avanzaron con un recurso extraordinario federal para frenar la reforma. La presentación llega después de un extenso recorrido judicial que incluyó una medida cautelar que mantuvo paralizado el proceso durante casi un año.

En agosto, el Superior Tribunal de Justicia decidió levantar esa cautelar con los votos de Battaini, Sagastume, Cristiano y Muchnik, apartando a Löffler, lo que reactivó el camino hacia la reforma. Esa resolución motivó la apelación extraordinaria de los opositores, que ahora insisten en que la convocatoria presenta irregularidades.

La respuesta del Ejecutivo provincial no se hizo esperar. En un escrito firmado por Antonio César Petkos, Emiliano Víctor Fossatto, Mariángeles Arroyo y Ezequiel Cassagne, la Provincia defendió la validez de la sentencia y negó arbitrariedad alguna. Argumentó que el decreto de convocatoria se firmó dentro del plazo legal —en el día 209 de los 210 previstos—, que la demora en la publicación se debió a cortes de energía y fallas en los sistemas administrativos, y que el Superior Tribunal no creó plazos nuevos, sino que simplemente “reencauzó” el proceso tras levantar la cautelar.

El trasfondo, sin embargo, va más allá del tecnicismo jurídico. El Gobierno busca blindar la reforma dentro de los tribunales provinciales y evitar que la causa escale hasta la Corte Suprema. Ahora, el Superior Tribunal deberá definir si concede o no el recurso extraordinario federal. Si lo habilita, el caso podría llegar al máximo tribunal del país; si lo rechaza, Lechman y Rossi aún tienen la opción de insistir con un recurso de queja.

Mientras tanto, la discusión crece fuera de los estrados judiciales. Cada vez más voces cuestionan si es oportuno avanzar con un proceso millonario cuando la prioridad debería ser otra: atender la emergencia social de una provincia que registra niveles de pobreza inéditos en su historia reciente. La reforma constitucional se presenta así como un dilema político y moral: ¿modificar las reglas de juego institucional o volcar esos recursos a combatir el hambre, la desocupación y la crisis cotidiana que atraviesan los fueguinos?