El proyecto, que había cosechado un amplio respaldo de la oposición y de las comunidades académicas, establecía un esquema de financiamiento sostenido para las universidades públicas, la actualización automática de gastos por inflación y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Su objetivo era garantizar el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes, fortalecer la investigación, ampliar la oferta académica y reforzar programas de bienestar universitario y becas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió frenar en seco la iniciativa. Desde Casa Rosada argumentan que la norma “invade facultades propias del Ejecutivo” y compromete el control del gasto público en un contexto de ajuste fiscal.

El veto llega en medio de un fuerte conflicto con las universidades nacionales, que desde hace meses denuncian recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de las instituciones y el pago de salarios. El rechazo presidencial es leído como una señal de confrontación con el sector y con la oposición parlamentaria que impulsó la ley.

Un proyecto con ejes claros

El texto sancionado por el Congreso incluía puntos centrales:

• Asignación obligatoria de partidas específicas al programa “Desarrollo de la Educación Superior”.

• Garantía de financiamiento para infraestructura, tecnología, investigación y programas de becas.

• Actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades según el IPC a partir de enero de 2025.

• Mejoras salariales para docentes y no docentes.

El trasfondo político

La decisión de Milei no solo tensiona con el sistema universitario, sino que también abre un nuevo capítulo de la pulseada con los gobernadores y bloques legislativos opositores. El rechazo al financiamiento educativo podría convertirse en un nuevo eje de confrontación en el Congreso y en las calles, con protestas ya anticipadas por organizaciones estudiantiles y gremiales.

Con este veto, el Presidente ratifica su línea de ajuste sin concesiones, incluso a costa de un área estratégica para el desarrollo del país. La incógnita ahora es si el Congreso buscará insistir en la ley con una mayoría especial que permita revertir la decisión presidencial, o si la educación superior deberá seguir enfrentando un año de asfixia presupuestaria.