RIO GRANDE.- La controversia que rodea a la superministra del gobierno de Gustavo Melella escaló esta semana, luego de que Gabriela Castillo se refiriera públicamente a las acusaciones de la Dra. Ana Constanza Carro, síndica titular de la empresa estatal Terra Ignis. La Dra. Carro había señalado una presunta incompatibilidad en las funciones de Castillo, al ocupar simultáneamente dos carteras ministeriales y formar parte del directorio de la empresa estatal.

En una entrevista que brindó en Radio Provincia y en un intento por defender su posición, Castillo se limitó a expresar su desacuerdo con la síndica, pero en ningún momento pudo refutar con argumentos sólidos la acusación. De hecho, sus propias palabras validaron, de manera indirecta, la postura de Carro. La ministra deslizó que podría “abstenerse cuando se toman decisiones en la empresa que involucren la relación con el Ministerio de Energía”, lo que sugiere que existe una potencial situación de conflicto de intereses.

A pesar de que Castillo intentó minimizar la situación al compararla con el caso de un funcionario anterior, el geólogo Alejandro Aguirre, y al resaltar que no es la única directora, la base de la acusación de la síndica se mantuvo intacta. Las declaraciones de Castillo dejaron en claro que reconoce la posibilidad de una incompatibilidad, lo que genera dudas sobre la ética y la transparencia en su gestión.

"Respeto que la doctora Carro emita una opinión, pero claramente no coincido con ella", afirmó Castillo. Sin embargo, su argumento no fue suficiente para desmentir el conflicto de intereses. Al reconocer que puede "apartarse en alguna decisión" cuando los intereses "pueden estar cercanos", la superministra evidenció que la incompatibilidad denunciada por la síndica es un hecho. La polémica continúa y la atención se centra ahora en las posibles implicaciones de esta situación para la gestión de la empresa estatal Terra Ignis y para el gobierno provincial.