El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este jueves al exmandatario Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su rol en el fallido intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023.

La decisión fue adoptada por la Primera Sala del STF, que dictó sentencia por cuatro votos contra uno. Además de Bolsonaro, otros siete exfuncionarios y aliados recibieron condenas en el mismo proceso, acusados de intentar “socavar violentamente el Estado Democrático de Derecho”.

Los delitos imputados

El tribunal consideró probado que Bolsonaro y sus colaboradores participaron de una organización criminal armada, que buscó abolir el orden constitucional mediante un golpe de Estado. También fueron hallados culpables de daños al patrimonio protegido, violencia y amenazas graves.

La excepción fue el diputado Alexandre Ramagem, quien recibió una condena reducida, al ser encontrado culpable solo en tres de los cinco delitos presentados por la Procuraduría General de la República.

Votaciones divididas

• A favor de la condena: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.

• En contra: Luiz Fux, quien votó por la absolución de Bolsonaro y otros cinco acusados.

En su voto, la jueza Cármen Lúcia destacó que los hechos del 8 de enero de 2023, cuando bolsonaristas invadieron el Congreso y amenazaron el Palacio de Planalto, “no fueron un acontecimiento banal” sino un ataque deliberado a la democracia brasileña.

Consecuencias políticas y reacciones internacionales

Bolsonaro, de 70 años, cumple arresto domiciliario y no estuvo presente en el tribunal. Sus abogados adelantaron que apelarán el fallo ante el pleno del STF.

A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 para ocupar cargos públicos, Bolsonaro sigue siendo un referente político clave de la derecha brasileña. Analistas sostienen que podría impulsar un “heredero político” para competir con Lula en las próximas elecciones.

El fallo también generó repercusión internacional: el expresidente estadounidense Donald Trump criticó la condena y la calificó como una “caza de brujas”, mientras anunció un arancel del 50% a productos brasileños, vinculando la medida a la situación judicial de su aliado.

En Brasil, la sentencia amenaza con profundizar la polarización y abre la posibilidad de que el Congreso, bajo presión de legisladores aliados, intente debatir una eventual amnistía para Bolsonaro y sus cómplices.