Desde el Municipio remarcaron que la disposición judicial “es clave para resguardar el estatus sanitario de Tierra del Fuego y defender el valor agregado de la carne local”, al tiempo que subrayaron el acompañamiento a productores y comerciantes que ha permitido un crecimiento sostenido del sector.

Armas explicó que “desde el Municipio y desde el área de Producción estamos trabajando para que haya más carne local, tanto con el productor agropecuario como también con la nueva figura del feedlot o productor intensivo, que tiene pocos años en la provincia”. En este sentido, señaló que “esto permite engordar animales en Tierra del Fuego, abaratar costos y que el precio final en la carnicería sea menor”. Destacó también que “en los últimos cinco años varias carnicerías incorporaron sus propios animales, analizando cada eslabón de la cadena de costos para mantener la carne a un valor accesible”.

El funcionario resaltó que “el sector productivo ha crecido muchísimo: estamos en la capacidad máxima de faena en nuestra planta, con vacunos durante todo el año, ovinos en temporada y un gran aumento en la faena porcina”. Y agregó: “la gente demanda cada vez más productos locales y frescos; esto es parte de la transición hacia la soberanía alimentaria”.

Frente a la reciente suspensión de la resolución del SENASA, Armas fue contundente: “Lo importante es no perder el estatus sanitario y no perder el valor agregado que la Patagonia, y en particular Tierra del Fuego, ha construido durante más de 20 años”. Enfatizó que la decisión impulsada por el organismo nacional “fue inconsulta, inoportuna y perjudicial, porque ponía en riesgo el esfuerzo histórico de nuestra región, abriendo la puerta a un posible desabastecimiento y a la pérdida de un sello de calidad que distingue a la carne fueguina”.

Cabe recordar que el estatus sanitario de la Patagonia —y específicamente de Tierra del Fuego— se debe a que son zonas libres de aftosa y sin vacunación, condición que no se da en otras regiones del país. En este punto, Armas advirtió que “el ingreso de carne con hueso desde otras zonas puede ser un problema serio, perjudicial y generar inconvenientes que afecten el estatus sanitario que tanto le costó conseguir y sostener a la provincia”. Además, cuestionó el supuesto beneficio económico de la medida: “No está garantizado que baje el precio final, porque también incide el costo logístico del transporte hasta la isla”.

Finalmente, Armas reafirmó: “Desde el Municipio estamos trabajando codo a codo con los productores, solidarizándonos con el sector rural. Confiamos en que el Juzgado Federal de Río Grande haya frenado a tiempo una decisión equivocada del SENASA, porque nuestro objetivo es que la comunidad siga disfrutando de alimentos locales, sanos y producidos en la provincia”.