RÍO GRANDE. - El juez de la Cámara de Ushuaia, Andrés Leonelli, quien fue recientemente absuelto en una causa por supuesta tenencia de pornografía infantil, se presentó en el programa “Periodismo” de Radio Provincia para ofrecer su versión de los hechos. El magistrado afirmó que la investigación que lo tuvo como protagonista se basó en una serie de omisiones por parte de la fiscalía y el juzgado de instrucción.

La historia se remonta a 2016, cuando Leonelli era juez de instrucción en Río Grande. En aquel entonces, recibió una denuncia por la difusión de material de abuso sexual infantil en Twitter, a partir de un reporte internacional de Google. "El mismo mecanismo que me pasó a mí, le pasó en ese momento", explicó Leonelli, con la diferencia de que en ese momento los reportes llegaban en formato físico, a través de un CD o DVD encriptado.

Para poder ver las imágenes y tomar una decisión judicial, Leonelli tuvo que ingresar una contraseña proporcionada por la fiscalía de Buenos Aires. Una vez ingresado el código de desencriptación, los archivos se descomprimieron y, por defecto, se alojaron en el escritorio de su computadora. "No es que yo me los guardé en mi computadora, y eso quedó totalmente acreditado en la última pericia que se hizo", aclaró.

El magistrado explicó que, al finalizar su período en Río Grande a fines de ese año, se llevó consigo todo su material jurídico, incluyendo las más de 7.000 sentencias que había redactado. En una pericia informática, se corroboró que esos archivos fueron subidos en bloque a su cuenta personal de Google Drive, junto con el resto de su material de trabajo. "Evidentemente, eso se arrastró a Google, a la carpeta", dijo, y añadió que si hubiera sido un pedófilo, no lo habría hecho con su nombre y apellido y desde la computadora del Poder Judicial.

La batalla contra Google y la justicia

El proceso de Leonelli no solo fue una lucha judicial, sino también una batalla contra la multinacional Google. Al día siguiente de subir los archivos, su cuenta de Gmail fue bloqueada. A pesar de los descargos que presentó, Google no le dio una respuesta. El juez, sintiendo que sus derechos eran vulnerados, denunció a la empresa ante Defensa del Consumidor, dos meses antes de los allanamientos.

El juez reveló que Google Argentina no respondía a sus cartas documento ni a los descargos online, argumentando que la decisión dependía de Google Estados Unidos. Incluso, una audiencia pactada para mediar con la empresa en Estados Unidos fue cancelada por el allanamiento de la justicia. La cuenta de Google Drive de Leonelli nunca fue devuelta.

Falta de protocolo y cuestionamientos a la justicia

Leonelli criticó duramente a la justicia por la torpeza y la falta de diligencia en la investigación. El magistrado sostuvo que "lo mínimo que se puede hacer para empezar a investigar" es verificar si el presunto imputado trabajó con el material en cuestión. "Yo me tomo el trabajo de hacerlo y a los cuatro días lo aporté a la causa", señaló. Leonelli afirmó que identificar las fotos le tomó solo 15 minutos, demostrando que la fiscalía y la jueza podrían haberlo hecho sin necesidad de un allanamiento.

El juez enfatizó que los allanamientos deben ser medidas proporcionales y razonables. Con una simple petición a los juzgados de Río Grande se podría haber determinado si las imágenes eran parte de alguna causa. La omisión de este paso llevó a un procedimiento "desmedido y desproporcional".

Además, el juez aprovechó la ocasión para cuestionar el actuar de algunos miembros del Poder Judicial. Afirmó que hubo cuatro oportunidades en las que se le denegó prueba esencial y que la Cámara tuvo que habilitar el análisis de su CPU. Estas acciones, sumadas a la falta de un protocolo claro para el manejo de material sensible, contribuyeron a su escarnio público y al de su familia.

Un caso que expone las falencias del sistema

Leonelli afirmó que su caso ha expuesto la falta de protocolos en el Poder Judicial para el manejo de evidencia sensible. "A partir de esto, yo voy a pedir expresamente al Superior Tribunal que se construya un protocolo de manejo y visualización de material sensible", declaró.

El juez también se refirió a la existencia de una nube de la justicia, OneDrive, que él desconocía. "Yo me enteré que había una nube con esta causa", dijo, y agregó que "jamás, no hay un protocolo, no hay una acordada, no hay una disposición, no hubo un curso, no hubo nada que me invitara a mí a usar esa nube institucional". Para él, este hecho demuestra la falta de difusión de los procedimientos internos y la desorganización de la institución.

El magistrado concluyó su entrevista con un fuerte cuestionamiento a la actuación del fiscal de la causa, a quien acusó de actuar con "livianidad y un desconocimiento" al hablar de una supuesta sociedad comercial con el juez Fernández, su colega en el fideicomiso. "Hay ciertas formas de actuar que merecen cierta prudencia mayor. Es un fiscal, no puede venir a decir que hay una sociedad", sentenció.

La causa y la resolución de la jueza María Cristina Barrionuevo

El Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, resolvió que el juez de Cámara Andrés Leonelli no cometió ningún delito en la causa por presunta manipulación de material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), que señalaba actividad vinculada a material ilegal desde una dirección IP de Ushuaia.

En su resolución, la jueza confirmó que Leonelli sí tenía en su poder las imágenes cuestionadas, pero determinó que estas formaban parte de una carga masiva de miles de documentos judiciales que el magistrado había guardado como parte de su trabajo.

La clave del caso fue una pericia informática del 5 de septiembre, que reveló que el 15 de abril el propio Leonelli subió de manera conjunta miles de archivos laborales a la nube. Entre ellos estaban las imágenes que dieron origen a la investigación, vinculadas a una causa de abuso sexual que él había tramitado cuando era titular del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Grande.

Basándose en estas pruebas, la fiscal especializada en Violencia de Género, María Guadalupe Martire, pidió cerrar la investigación, al entender que no existió delito. Finalmente, la jueza Barrionuevo dispuso el cierre del caso.