El planteo fue presentado por el secretario seccional en Ushuaia, Pedro Leonardo Brangeri, quien alertó que parte del combustible adquirido por el organismo habría sido derivado a la firma Sullair S.A., pese a que —según indicó— no existe relación contractual entre la empresa y la DPE.

En la presentación se advierte que esta situación podría implicar un uso indebido de recursos públicos: “se trataría de una erogación sin respaldo jurídico y con apariencia de desvío de fondos”, expuso el gremio en su denuncia.

Posibles delitos contra la administración pública

De acuerdo con lo planteado por Brangeri, la maniobra podría encuadrarse en figuras como administración infiel o malversación de caudales, al implicar la utilización de partidas presupuestarias con fines ajenos a los que corresponden a la DPE. “Estas prácticas comprometen seriamente el financiamiento y el funcionamiento del ente energético”, advirtió el dirigente.

El gremio también notificó la situación al Tribunal de Cuentas provincial, dado que existiría un eventual perjuicio fiscal.

Pedido de investigación

En su escrito, Luz y Fuerza solicitó que se inicie de inmediato una investigación administrativa y/o penal para esclarecer el circuito del combustible adquirido, determinar si existió o no vínculo con Sullair y establecer las responsabilidades correspondientes.

El sindicato reclamó además que se recoja documentación respaldatoria y se garantice que los trabajadores de la DPE queden deslindados de eventuales irregularidades.

De esta manera, la organización sindical exigió la intervención urgente de la Fiscalía de Estado, con el objetivo de proteger el patrimonio público y asegurar la transparencia en el manejo de los recursos energéticos de la provincia.