El escrito describe 15 casos puntuales de designaciones irregulares en el área de Recursos Humanos docente, comprometiendo a la subsecretaria Claudia Vera y a la directora general Sonia Cheuquepil Torres, entre otras funcionarias de peso.

Los nombres que aparecen en la denuncia

Entre los casos más graves señalados figuran:

• Mariana Barría Naim, hija de la subsecretaria de RRHH Claudia Vera, con 30 horas cátedra en la Subsecretaría de Apoyo Institucional de Río Grande.

• Giovana Napoli, hija de la directora Sonia Cheuquepil, beneficiada con horas cátedra y un cargo como referente informático cargado en el sistema por su propia madre.

• Juan Pablo Villarroel Márquez, yerno de Vera, con 30 horas asignadas en el Programa de Educación Sexual Integral.

• Juan Nahuel Cabral, pareja del subsecretario Javier García, con 21 horas otorgadas bajo disposición de RRHH.

El listado continúa con otras funcionarias y allegadas que habrían sido designadas en cargos no docentes a través del mismo mecanismo, pese a que las leyes provinciales y nacionales de ética pública prohíben expresamente este tipo de conflictos de intereses. La presentación también cuestiona a otras funcionarias con cargos jerárquicos que habrían recibido horas destinadas a tareas no docentes, como Noelia Cena, Mariana Mella, Karina Muñoz Vivar, Débora Núñez, María Fernanda Cisterna y María Eugenia Quintana, entre otros casos.

Antecedentes y advertencias ignoradas

El documento remarca que el Tribunal de Cuentas ya había alertado sobre estas maniobras en su Acuerdo Plenario N.º 2435, ordenando “cesar en la utilización del régimen de horas cátedra para la remuneración de funciones que no sean específicamente docentes”. Sin embargo, lejos de corregirse, la práctica se habría consolidado como parte de un esquema de “acomodos” dentro del propio ministerio.

Ajuste a la educación, privilegios a la política

Mientras el sistema educativo provincial enfrenta paros, aulas vacías e infraestructura deteriorada, el dinero que debería destinarse a fortalecer la tarea docente se estaría desviando para pagar favores políticos y sueldos encubiertos a familiares del poder.

La denuncia también cuestiona el silencio de los gremios estatales, a los que acusa de mirar hacia otro lado pese al perjuicio económico que estas prácticas generan en el erario público.

Tiempo de investigar y recuperar

El texto fue remitido también a legisladores y sindicatos, que ahora tendrán la responsabilidad de exigir investigaciones administrativas y judiciales para esclarecer los hechos y sobre todo recuperar los fondos mal utilizados.

La presentación concluye con una advertencia: “el ajuste no se hace con las escuelas, mientras se premia a los parientes del poder político”.