Padres de la Escuela N.º 32 “Iyu que deja huella” recurrieron a la Justicia con un amparo patrocinado por el abogado Francisco “Paco” Giménez para exigir la continuidad del dictado de clases. Sin embargo, a casi un mes de la presentación, el trámite judicial permanece sin definición.

“Esto debía resolverse en 48 horas, pero ya pasaron tres semanas y seguimos discutiendo quiénes son los demandados”, advirtió Giménez, al tiempo que lamentó la decisión del juez Boccardo de dar traslado no sólo al Gobierno provincial, sino también a SUTEF y a otras asociaciones sindicales.

En diálogo radial en FM Aire Libre, el abogado sostuvo que la medida “dilata innecesariamente” un reclamo urgente. “El obligado constitucional a garantizar el derecho a la educación es el Gobierno de la provincia, no los sindicatos. Involucrar a los gremios significa complicar un asunto que ya es grave por el abandono que sufren los chicos”, remarcó.

Giménez enfatizó que la intención de los padres no es confrontar con los docentes: “Los padres comprenden la situación salarial y las condiciones de trabajo de los maestros. La discusión no es con ellos, sino con la responsabilidad del Estado de asegurar que los chicos estén en la escuela y no en sus casas”.

El letrado recordó que existen antecedentes de resoluciones inmediatas en casos similares. “En este mismo juzgado, cuando estaba a cargo la jueza Silvia Herraez, se dictó una cautelar en 24 horas ordenando al Ejecutivo regularizar la situación. Hoy, lamentablemente, esto no sucedió”, señaló.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre las familias, que ven cómo sus hijos permanecen sin clases regulares. “Esto nos pone en un estado de incertidumbre. Los chicos siguen estando en la casa cuando deberían estar en el aula”, concluyó Giménez.