Tolhuin atraviesa una fuerte tensión institucional entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Alexis Solís, confirmó que se presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar lo que calificó como “excesos presupuestarios” del cuerpo legislativo local.

Según detalló, el Concejo recibió en el presupuesto vigente (ordenanza N.º 673) más de 1.820 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, aseguró que esa cifra fue ejecutada en su totalidad en agosto y que los concejales ahora exigen refuerzos adicionales: 205 millones de manera inmediata y un total proyectado de 650 millones extra, lo que llevaría el gasto anual a más de 2.500 millones de pesos.

“Estamos hablando de que cada concejal le cuesta al erario público 500 millones de pesos. No sabemos en qué se gasta, no hay detalle de personal, ni de contratos ni de gastos corrientes. Solo notifican que necesitan más plata”, sostuvo Solís, en comunicación con FM La Isla.

El funcionario remarcó que para cubrir esos requerimientos deberían reasignarse recursos de otras áreas, con impacto directo en obras y servicios:

“Con lo que ellos piden podríamos asfaltar más de 600 metros de calles o comprar motores para la generación de energía que hoy necesita la ciudad. La verdad, un disparate”.

Acusaciones cruzadas

El Ejecutivo municipal acusó a los concejales de actuar “sin responsabilidad fiscal” y de responder a intereses partidarios, en referencia al alineamiento con la conducción del Partido Justicialista. “No creo que los vecinos hayan votado a cuatro o cinco para que se llenen los bolsillos o alimenten su dieta”, disparó Solís.

El secretario también reveló que, pese a los intentos de diálogo, el Concejo no asistió a reuniones convocadas para discutir la situación financiera:

“Convocamos a una mesa para buscar una reestructuración de gastos. No solo no vinieron, sino que el presidente del Concejo notificó que asistirían únicamente si les pagábamos. Eso es un papelón”.

Camino judicial

La presentación judicial busca que el Superior Tribunal declare inconstitucional la ordenanza que habilita al Concejo a reclamar mayores fondos, por considerar que contraviene la Constitución provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la normativa presupuestaria vigente.

Mientras tanto, el conflicto impacta en la gestión municipal: Solís advirtió que la falta de recursos obligó a suspender programas y eventos, como la tradicional Fiesta de los Antiguos Pobladores.

“El normal funcionamiento de la administración está en riesgo. Este no es un problema de gestión, sino de una política de clientelismo que nos quiere llevar por delante”, concluyó.