USHUAIA - En un dictamen explosivo, la Fiscalía de Estado de la Provincia emitió un severo informe que arroja serias dudas sobre la gestión de Terra Ignis Energía S.A., la empresa estatal a cargo del estratégico sector energético provincial. El documento, que surge a raíz de una denuncia de la síndica titular, la Dra. Ana Constanza Carro, no solo corrobora las irregularidades, sino que advierte sobre las peligrosas consecuencias de lo que define como un "patrón de opacidad y reticencia a informar".

Una remoción ilegal que encabeza la lista de irregularidades

El conflicto se desató cuando la síndica Ana Constanza Carro denunció la imposibilidad de ejercer sus funciones de fiscalización. Según el dictamen de la Fiscalía, esta obstrucción se enmarca en un intento por removerla del cargo de manera ilegal. En este marco y luego de una serie de accionares, la Inspección General de Justicia (IGJ) de la provincia confirmó que jamás se recibió la documentación que respalda la asamblea de fecha 29 de octubre de 2024, donde supuestamente se decidió la remoción de la síndica titular.

"La propia Legislatura provincial, al crear la sociedad, se reservó la facultad exclusiva y excluyente de designar y reemplazar al síndico", explica un fragmento del informe, invalidando de plano la decisión de la empresa. En cambio, la Fiscalía enfatiza que la labor del síndico es la de un "funcionario semipúblico", con acceso libre a los libros y documentos, y que la negativa de la empresa a proporcionar esta información constituye una violación a las funciones del órgano de control.

El patrón de opacidad: de salarios a contratos millonarios

El informe no se detiene en el caso de la síndica, sino que destapa una serie de incumplimientos que sugieren un intento sistemático por evadir los controles. La Fiscalía señala que la empresa confesó que el cierre de los estados contables del año 2023 se retrasó y que su envío a la Legislatura se realizó fuera de término. Además, destaca la falta de colaboración de los síndicos designados en el directorio, quienes no respondieron a los emplazamientos de la Fiscalía.

La preocupación se agudiza cuando el dictamen se enfoca en la respuesta evasiva de Terra Ignis a la Resolución de Cámara N° 420/24. Dicha resolución solicitaba el "detalle de la remuneración mensual de cada uno de los miembros", pero la empresa respondió con cifras genéricas y sin un desglose individualizado. La Fiscalía interpreta esta actitud como una forma de "eludir un requerimiento legítimo".

La falta de transparencia se extiende a los acuerdos comerciales. El informe de la Fiscalía de Estado cuestiona la opacidad en torno al "Convenio marco de Asistencia Operativa" firmado con la empresa SULLAIR, insinuando que la empresa busca justificar la no entrega de los documentos contractuales completos bajo el pretexto de que son "internos, técnicos y, por lo tanto, no apropiados para una revelación completa a la Legislatura".

El fantasma de casos pasados y el riesgo inminente

El dictamen sitúa las acciones de Terra Ignis en un contexto histórico preocupante. La Fiscalía advierte que las sociedades comerciales creadas o participadas por el Estado fueguino han sido, en múltiples ocasiones, utilizadas como "vehículos jurídicos para eludir los controles clásicos del derecho administrativo". Se mencionan casos con resultados adversos y pérdidas millonarias para el erario provincial, como los de Hifusa, el Banco de Tierra del Fuego y el Laboratorio del Fin del Mundo.

Para la Fiscalía, la situación de Terra Ignis es especialmente alarmante porque, mientras es "morosa en rendir cuentas", proyecta llevar a cabo importantes contrataciones en el sector petrolero y energético. El dictamen es categórico al señalar que la falta de transparencia "debilita la legitimidad de cualquier proceso contractual presente o futuro" y que la conveniencia de estos acuerdos queda en entredicho si la información se "retacea incluso al órgano legislativo de control".

Exhortaciones finales y un llamado a la acción

Ante el grave escenario, la Fiscalía de Estado dejó de lado las ambigüedades. El informe concluye con un llamado directo a la acción. Exhorta al presidente de la sociedad y a los miembros del directorio a "regularizar y dar cumplimiento a las obligaciones legales" de manera "urgente". También solicita a los representantes del Poder Ejecutivo y de la AREF que "tomen conocimiento de lo sucedido" y exijan el estricto cumplimiento de la ley. Finalmente, insta a la IGJ a adoptar las medidas necesarias si la situación no se normaliza.

Cabe señalar que el informe ya fue enviado a la Legislatura y a otras autoridades provinciales, para dejar en claro que el Estado fueguino no puede ser complaciente ante un accionar que expone al patrimonio público a potenciales conflictos legales y, lo que es aún más grave, a la "captura de intereses particulares en detrimento del interés público".