El presidente de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), Alberto Garófalo, advirtió que la situación de las empresas textiles de Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico y que, de no mediar una decisión política urgente, el sector “va camino a la extinción”.

En diálogo con Radio Provincia, Garófalo recordó que los problemas comenzaron en 2021, cuando el régimen de promoción industrial fue prorrogado para distintos rubros, pero no para el textil. “Recién dos años después apareció un decreto exclusivo para el sector, redactado de manera confusa, discriminatoria y que terminó aplicándose en la peor interpretación posible. Así fue que de 11 empresas en actividad, 5 quedaron afuera del régimen, entre ellas las más grandes”, explicó.

El dirigente denunció que detrás de estas trabas normativas hay una presión constante de las textiles radicadas en Buenos Aires:

“Hace muchos años que el lobby porteño busca terminar con la industria fueguina. Para ellos, nuestra producción es un límite al nivel de precios en el continente. Han inventado cualquier excusa para debilitarnos”, afirmó.

Crisis judicial y normativa

Garófalo detalló que varias compañías recurrieron a la justicia para seguir operando bajo medidas cautelares, aunque algunas ya tuvieron fallos adversos. El caso de Sueño Fueguino, por ejemplo, sufrió la suspensión de todos sus derechos al perder en la Cámara, aunque continúa apelando.

A este escenario se suma una interpretación del decreto 594 que fijó un supuesto “cupo en pesos” para los beneficios fiscales. “Ese cupo no existe, pero Nación lo inventó y lo dejó congelado. Así, el beneficio impositivo alcanza para dos meses, y en 2025 apenas para uno. Es insostenible”, advirtió.

Riesgo laboral y pedido político

Hoy, solo 8 de las 11 empresas siguen activas, muchas de ellas sin ventas en el mercado local por la caída de la demanda. Garófalo alertó que la continuidad de entre 600 y 700 puestos de trabajo está en juego:

“Normalmente no uso el argumento del empleo porque creo que los temas técnicos deben resolverse en ese plano. Pero cuando la discusión se bloquea, hay que recordar que hay cientos de familias que dependen de esta industria”.

Finalmente, reclamó una decisión política que frene la situación por 180 días y permita rediscutir el futuro del sector:

“Pedimos un compás de espera para sentarnos a hablar en serio. Lo que está pasando no es un problema técnico, es una decisión política. Si no se corrige, esto termina mal”.