Un screenshot que acompaña esta noticia expuso la cara más cruda de la “vieja política”: un grupo de WhatsApp titulado “Funcionarios y Personal de Gabinete” donde se imparten instrucciones explícitas para que empleados de la planta política participen en una concentración “en repudio” a la visita del presidente Javier Milei, y además coloquen cartelería de la agrupación Fuerza Patria en sus hogares y vehículos.

EL SUPUESTO REPUDIO

La captura, a la que accedió RED 23 Noticias, incluye mensajes de convocatoria para concentrar en la Plaza Cívica con banderas argentinas y carteles que digan “Fuera Milei”, además de órdenes para acelerar la colocación de propaganda partidaria en casas y autos. Incluso se sugiere coordinar con referentes identificados dentro del propio chat y se promueve la acción digital: “Dale Me Gusta, comentá, compartí”.

El contenido no deja lugar a dudas: no se trata de una expresión ciudadana espontánea, sino de una movilización organizada desde la estructura estatal. La utilización de funcionarios y personal de gabinete para fines políticos revive una práctica añeja en la provincia: convertir la participación obligada en supuesta “movilización popular”.

AMBIENTANDO LA CAMPAÑA

El material deja en evidencia una práctica clásica de la vieja política: utilizar la estructura del Estado para imponer tareas partidarias a quienes dependen laboralmente de la administración pública, forzando una militancia que luego se muestra como “apoyo popular” o “repudio genuino”, según la conveniencia. Desde dar “Me Gusta” a publicaciones en redes sociales o medios locales, realizar comentarios previamente armados, hasta participar de supuestos actos populares. Son las tareas que tiene este ejercito de funcionarios.

Lejos de promover la libre expresión ciudadana, el chat expone un mecanismo de presión interna que desnuda cómo se manipulan los recursos humanos del propio gobierno para generar efectos políticos y construir un relato de adhesión que no surge de manera espontánea en la sociedad.

La maniobra genera fuertes cuestionamientos éticos y políticos, ya que se utilizan las obligaciones laborales de los funcionarios para forzar su participación en actos y campañas partidarias, borrando los límites entre gestión estatal y militancia electoral.