Según Arenas, el caso se originó en septiembre de 2024, cuando los padres de una menor denunciaron que su hija había sido acosada por un adulto a través de redes sociales. Lo que en un primer momento pareció un caso clásico de grooming, reveló un escenario mucho más complejo. “Mi defendido utilizaba su perfil real de Instagram, con nombre y apellido, creyendo que se comunicaba con una mujer adulta. Nunca le dijeron que se trataba de menores”, explicó la letrada.

Un engaño coordinado por menores

La investigación mostró que no se trataba de un hecho aislado: al menos cinco chicas de entre 11 y 14 años habrían participado en la creación de perfiles falsos para hacerse pasar por adultas. A través de estas identidades, enviaban imágenes, intercambiaban contenido y, en algunos casos, solicitaban dinero a cambio. Cuando la situación se complicó, una de las adolescentes terminó siendo presentada como víctima, aunque la realidad era diferente.

Durante el proceso judicial, se secuestraron los teléfonos de las menores, donde se encontraron imágenes y videos de carácter sexual generados por ellas mismas. Arenas destacó la gravedad del hallazgo: “No hablamos de pornografía infantil en el sentido tradicional, sino de contenido explícito creado y compartido por los propios menores”.

Responsabilidad de la familia y del Estado

La abogada subrayó que la aparición de este tipo de material exige la intervención del Ministerio Público y del Juzgado de Familia, ya que “cuando se detectan imágenes de abuso sexual infantil, el Estado debe actuar de inmediato para proteger a los menores involucrados”. También advirtió sobre la falta de supervisión parental: “La mayoría de los padres desconocen con quién chatean sus hijos o qué contenido tienen en sus teléfonos. Este caso evidencia la necesidad urgente de un mayor control y acompañamiento”.

Absolución y restitución laboral

Tras la investigación, la justicia absolvió al acusado y confirmó que no existió delito de grooming. Arenas remarcó que su defendido “fue víctima y no victimario, estuvo detenido varios meses y perdió su empleo. Ahora corresponde que se le restituya su puesto, porque quedó demostrado que no cometió ningún delito”.

Un fenómeno en expansión

La abogada cerró su exposición advirtiendo que esta problemática no es exclusiva de grandes ciudades. “Está ocurriendo en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, y constituye un patrón que requiere atención urgente de la justicia, las instituciones y las familias”, concluyó.