En una reciente y polémica votación de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), seis representantes del Gobierno Nacional se manifestaron en contra de otorgar a la textil Australtex la acreditación de origen que le permite exportar su producción, dejando en jaque a la continuidad operativa de la planta y, por consecuencia, al sustento de sus trabajadores.

Entre los votos negativos se encuentra el de Sandra Pagnussat, actual administradora de la Aduana de Río Grande. Solo tres fueron favorables: el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el del Gobierno de la Provincia. El resultado de la votación fue duramente criticado desde el sector sindical, especialmente por Rodrigo Cárcamo, referente de SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), quien señaló que esta decisión forma parte de una “sistemática ofensiva contra la industria fueguina”.

“Claramente complica no solo la situación de la fábrica, sino también la de los trabajadores”, afirmó Cárcamo en declaraciones públicas. “Nos preocupa que una representante de la Aduana en Río Grande vote en contra de una industria local. Esperamos que defienda a la provincia, sin salirse del marco legal, pero entendiendo la realidad productiva de la región”.

La negativa de la CAAE se fundamenta en que Australtex no estaría cumpliendo con la inclusión obligatoria de productos nacionales en sus procesos productivos. Sin embargo, Cárcamo explicó que esta problemática es de larga data, y responde a la falta de proveedores nacionales capaces de abastecer la demanda de insumos, situación que ha sido debidamente informada por la empresa durante años.

“No existe la capacidad en el continente para abastecer regularmente a la empresa. Lo saben, pero ahora parece molestarles. Es una medida que parece más una persecución al sector textil que otra cosa”, denunció el dirigente.

Desde SETIA advirtieron que esta decisión podría poner en riesgo la estabilidad laboral de decenas de trabajadores, en un contexto de baja producción y escasa demanda.

“Con poca venta, si encima se limitan los procesos de exportación, es obvio que la producción cae. Y si cae la producción, peligran los puestos de trabajo”, alertó Cárcamo. “Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero desde Nación no hemos tenido respuestas a nuestros pedidos de reunión. Este caso no parece que vaya a ser la excepción”.

El sindicalista también remarcó que esta medida se suma a otras decisiones del Gobierno Nacional que han impactado negativamente sobre Tierra del Fuego, como los intentos de eliminar la zona fría o los subsidios al gas.

“Es un ataque constante a la provincia, y especialmente a la industria. Río Grande está siendo el blanco más perjudicado. La sociedad lo ve y lo siente”, concluyó.