Lo que en principio parecía un contrato de consultoría económica terminó transformándose en un escándalo político y judicial. José Luis Espert no logra despegarse de la polémica por los 200 mil dólares que recibió en 2020 de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A., ahora confirmada como propiedad de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido y requerido por la justicia de Estados Unidos por múltiples delitos, entre ellos narcotráfico.

Publicaciones de CMI-Guatemala (@cmiguate), un medio de investigación especializado en mapear redes de poder, y del propio Ministerio Público de Guatemala (@MPguatemala), datadas entre 2020 y 2021, dejan en evidencia la relación directa entre Machado y la firma que contrató a Espert.

Un tuit clave de mayo de 2020 del medio guatemalteco fue contundente:
“#DATO Minas del Pueblo, S.A., es del argentino Federico Machado. La avioneta también es propiedad de Machado, quien fue capturado recientemente en Argentina, a petición del gobierno de Estados Unidos, acusado de múltiples delitos incluyendo narcotráfico”.

La información se vio reforzada un año después, cuando el Ministerio Público de Guatemala informó sobre la investigación de “una pista de aterrizaje y una aeronave” vinculadas a Machado, difundiendo incluso imágenes de una avioneta matrícula N584LU.

Un golpe a la defensa de Espert

La revelación dinamita el principal argumento del economista libertario, quien había asegurado en un video reciente que no existía un vínculo directo entre Machado y la consultoría, sino un contrato legítimo con una empresa privada. “No me pagó Machado, me pagó una compañía”, insistió.

Sin embargo, las pruebas indican lo contrario: la compañía es de Machado, y está bajo la lupa judicial por actividades ilícitas. Esto deja a Espert en una posición cada vez más delicada, acusado no solo de imprudencia, sino de haber recibido fondos de una empresa investigada por narcotráfico internacional.

Con estos datos sobre la mesa, el escándalo no solo erosiona la imagen pública del legislador libertario, sino que también plantea interrogantes políticos y judiciales sobre el verdadero alcance de sus vínculos y la transparencia de sus ingresos.