Con tres jornadas de asambleas y desobligaciones previstas, muchas escuelas no tendrán clases completas, provocando frustración entre familias, docentes y alumnos que quedan expuestos a la incertidumbre.

Una semana que arranca con resistencia

El gremio docentes de la provincia dispuso que entre lunes y miércoles haya nuevas jornadas de asambleas —con la consecuente “des obligación” de dar clases en forma normal— como forma de presión ante lo que consideran una demora persistente del gobierno para atender sus reclamos salariales, condiciones laborales y planificación educativa.

Para los maestros, la repetición de estas medidas responde a la falta de respuestas concretas: el diálogo con las autoridades no ha logrado destrabar los principales puntos de conflicto. En el medio, las escuelas —sus docentes y alumnos— quedan en medio de una discusión que se prolonga sin señales claras de avance.

Efectos concretos en la comunidad educativa

• Interrupción del calendario escolar
  Estas ausencias parciales afectan la continuidad pedagógica. En algunas escuelas, se perderán los días de clases plenos y habrá contenidos que no podrán abordarse.

• Desconcierto en los hogares
  Padres y madres se ven obligados a reacomodar rutinas. Para aquellos que trabajan, contar con niños en casa se convierte en un nuevo problema: ¿qué hacer durante las horas sin clases ni actividad escolar organizada?

• Tensión entre compañeros docentes
  Algunos eligen adherir de forma contundente, otros optan por tomar parte o no replicar las medidas, generando roces internos.

• Impacto psicológico
  Niños y adolescentes sufren la inestabilidad educativa como una experiencia de fragilidad: promesas que no se cumplen, días perdidos, expectativas truncas.

Reclamos y postura sindical

Desde los gremios docentes, las demandas centrales giran en torno a:

1. Ajustes salariales acordes a la inflación y al costo de vida de la provincia.

2. Mejora de las condiciones de infraestructura escolar (locales, insumos, mantenimiento).

3. Planificación clara y participación en las decisiones educativas.

4. Transparencia en los procesos de asignación de cargos y horas cátedra.

Los dirigentes remarcan que las asambleas y las desobligaciones no son el fin en sí, sino un recurso necesario ante la falta de avances concretos. Sostienen que, sin presión, el gobierno no muestra la disposición para avanzar.

La respuesta del gobierno: entre promesas y reproches

Por su parte, el gobierno provincial ha intentado mostrar gestos conciliatorios: propone mesas de diálogo, fórmulas de recomposición parcial salarial y acuerdos parciales para ciertos sectores. Sin embargo, los docentes denuncian incumplimientos, plazos dilatados y propuestas insuficientes.

Las autoridades alegan que los recursos son limitados y que están haciendo un esfuerzo financiero considerable, pero admiten que no han logrado cerrar un acuerdo completo con los sindicatos. Cada anuncio provoca expectativa, pero cada demora genera desgaste y un clima cada vez más tenso.

¿Hay salida?

La continuidad de las desobligaciones deja poco margen para el optimismo. Para destrabar el conflicto, pareciera necesaria una combinación de tres elementos:

• Voluntad real de ambas partes para ceder: los docentes en priorizar algunos reclamos; el gobierno en ofrecer compromisos firmes y fechas concretas.

• Instancias mediadoras externas: participación de instancias provinciales neutrales, incluso nacionales o judiciales, que puedan intervenir como árbitros.

• Comunicación transparente: que la sociedad conozca los números, limitaciones presupuestarias y propuestas realistas.

El riesgo es que el desgaste prolongado termine afectando particularmente a quienes menos tienen: a los estudiantes, al tejido comunitario, a la legitimidad de las instituciones educativas. Si la confrontación continua demasiado tiempo, ambos bandos perderán más de lo que podrían ganar.