BUENOS AIRES.- La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el juicio oral por la tragedia del submarino ARA San Juan finalmente se llevará adelante en Santa Cruz, la provincia donde se instruyó la causa judicial. El fallo de la Sala IV, que contó con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó los planteos de las partes que pedían cambiar de jurisdicción y ratificó la competencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

Esta decisión despeja el último obstáculo para que se concrete el juicio que busca establecer las responsabilidades penales en la cadena de mando de la Armada por el hundimiento del buque, ocurrido en noviembre de 2017 y que se llevó la vida de 44 tripulantes. Todos los militares acusados llegan a juicio imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

Los procesados y la sede judicial

La querella consiguió que se pida el enjuiciamiento del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (excomandante de Adiestramiento y Alistamiento), el capitán de navío Claudio Villamide (exjefe de la Fuerza de Submarinos), el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El expediente fue tramitado en el Juzgado Federal de Caleta Olivia por la jueza Marta Yáñez, dado que la nave tuvo su último contacto en esa área. Con la elevación a juicio, la causa quedó a cargo del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, integrado por los magistrados Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.

El argumento de casación: Prioridad a la celeridad

Los jueces Borinsky y Hornos fundamentaron su decisión en que la tragedia ocurrió en alta mar, fuera de cualquier límite jurisdiccional. Ante la incertidumbre sobre el lugar preciso del delito, entendieron que lo correcto era mantener la intervención del tribunal que ya previno en la causa.

El juez Hornos argumentó que si bien la ley es clara al señalar que la competencia por hechos en alta mar es del primer puerto argentino al que arribe el buque, en este caso, "tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno". En esta situación excepcional, agregó, "no cabe otra solución que seguir la regla subsidiaria y mantener la intervención del Tribunal que previno; en este caso, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz". Además, sostuvo que evitar la demora que implicaría un cambio de sede es un argumento sólido para mantener la competencia en el Sur, dado que la instrucción fue compleja y ya se avanzó en la etapa de prueba. "Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia", concluyó. Borinsky adhirió a estos puntos, destacando la "economía procesal" como la alternativa para asegurar una "mejor, y más pronta, administración de justicia".

El voto que pedía Mar del Plata

El juez Javier Carbajo, en su voto disidente, sostuvo que la competencia debió recaer en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por ser el puerto de zarpada del submarino, asiento de su Base Naval y el lugar desde donde se impartieron las órdenes para la misión. "Es claro que el sitio desde el cual se emitió la orden de operación que determinó la salida al mar y el destino del buque fue la Base Naval de Mar del Plata", afirmó Carbajo, marcando que la zona de la implosión está fuera de los límites de competencia territorial. El juez aclaró que su postura "no implicaba demorar el juicio ni invalidar lo actuado", ya que la mayoría de las partes residen fuera de Santa Cruz. Por eso, propuso encargar al tribunal marplatense que fijara fecha para el debate "a la mayor brevedad posible".