Con las firmas digitales de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte ratificó la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que había declarado procedente la extradición. El fallo quedó firme para los cargos identificados como uno, dos, tres, cuatro y siete de la denominada “Quinta Acusación de Reemplazo”, presentada el 5 de mayo de 2021 en el país del norte.

La defensa de Machado, encabezada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había intentado frenar el proceso argumentando una supuesta violación del principio de igualdad de armas, la recusación del juez interviniente y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal. Todos esos planteos fueron rechazados por el tribunal, que también dispuso que se informe a la justicia estadounidense el tiempo que el empresario permaneció detenido en Argentina, para su eventual cómputo de pena.

El nombre de Fred Machado —con antecedentes empresariales en sectores financieros y aeronáuticos, y presuntas vinculaciones con operaciones internacionales bajo investigación— volvió así a la escena pública en un momento político especialmente sensible. Diversas fuentes dentro del oficialismo libertario reconocen que su figura representa un punto incómodo en medio de la campaña, debido a las sospechas de vínculos indirectos entre algunos actores de su entorno y operadores que orbitan en el espacio de gobierno.

Su extradición, además de cerrar una larga disputa judicial, pone en jaque la narrativa de transparencia y orden institucional que el oficialismo busca sostener frente a la opinión pública. En Washington, las acusaciones que pesan sobre Machado incluyen delitos vinculados al lavado de dinero, fraude y operaciones financieras irregulares de carácter transnacional.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el fallo de la Corte Suprema marca el fin de su defensa local y reaviva el debate sobre los límites del poder económico y su influencia en la política argentina. Fred Machado, el empresario que algunos llamaron “el cisne negro” del oficialismo libertario, se prepara para enfrentar la justicia estadounidense mientras en la Argentina crecen las preguntas sobre quiénes realmente se beneficiaron de sus vínculos.