El tribunal fundamentó su resolución en la aplicación de la Ley de Paridad de Género (N.º 27.412), que establece que las sustituciones en las listas deben realizarse con personas del mismo género. De esta manera, quedó sin efecto la decisión del juez Ramos Padilla, que había ordenado colocar en ese lugar a Karen Reichardt, invocando criterios de equidad política.

La Cámara consideró que el magistrado se apartó de la norma vigente y realizó una interpretación “subjetiva” al declarar la inconstitucionalidad del principio de paridad sin los fundamentos suficientes. “El juez desatendió la jurisprudencia aplicable y tergiversó precedentes que correspondían a otras categorías, como la de senadores nacionales”, expresaron los camaristas en el fallo.

El peso de la Ley de Paridad y el límite del Poder Judicial

En su pronunciamiento, la Cámara Nacional Electoral recordó su rol activo en la defensa de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones, tanto en el acceso a cargos públicos como en el funcionamiento interno de los partidos políticos. Sin embargo, aclaró que la interpretación de esa paridad debe respetar la letra de la ley, que exige reemplazos por género y no por criterios discrecionales.

Además, el tribunal subrayó que declarar la inconstitucionalidad de una norma es una medida de “suma gravedad”, que sólo debe adoptarse como último recurso (“última ratio”). “Los jueces no pueden sustituir las funciones que corresponden al Congreso de la Nación, que es el órgano encargado de reglamentar los derechos y garantías establecidos en la Constitución”, recordaron los magistrados, citando jurisprudencia histórica.

Impacto político y electoral

Con esta decisión, La Libertad Avanza logra mantener la estructura original de su lista bonaerense, que ahora será encabezada por Diego Santilli, acompañado por los candidatos definidos en la interna libertaria.

El fallo, además de resolver una disputa concreta dentro del espacio, marca un precedente sobre los límites de la interpretación judicial en materia de paridad de género y reafirma la autoridad de la Cámara Nacional Electoral como máximo órgano en la materia.