Una misión técnica enviada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación encendió las alarmas sobre el estado crítico del Puerto de Ushuaia, la principal terminal marítima de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Antártida.
El informe preliminar, al que accedió este medio, revela falencias estructurales graves que comprometen la seguridad del muelle donde amarran cruceros internacionales y embarcaciones de carga. La inspección también plantea dudas sobre el manejo de los fondos nacionales asignados al mantenimiento del puerto, lo que podría derivar en una intervención directa del Estado nacional sobre la administración provincial.

 

Un puerto estratégico al borde del colapso

El Puerto de Ushuaia es, además de un punto neurálgico del turismo antártico, una infraestructura de relevancia geopolítica para la Argentina. Por su muelle transitan cada temporada cientos de cruceros y buques logísticos que conectan al continente con las bases científicas del extremo sur.
Sin embargo, la auditoría nacional constató que los pilotes que sostienen el muelle están fracturados, gastados o directamente ausentes, mientras que las defensas laterales —que amortiguan el contacto de los buques— se encuentran destruidas o inoperativas.

Los especialistas advirtieron que el desgaste acumulado pone en riesgo la integridad de la estructura y que, en caso de no realizarse obras urgentes, podrían registrarse derrumbes parciales. “No se trata de un problema estético ni menor: el muelle está trabajando por encima de sus condiciones de seguridad”, detalló una fuente técnica.

 

Falta de mantenimiento y denuncias de desvío

El informe nacional no se limita al diagnóstico físico del puerto. También señala la falta de transparencia en el manejo de los recursos que, por ley, deberían destinarse exclusivamente a mantenimiento e infraestructura portuaria.
Según la investigación, los fondos provenientes del tributo nacional con asignación específica para obras portuarias habrían sido redireccionados a otros usos, lo que vulnera su destino original.
Esa maniobra podría implicar responsabilidades administrativas o incluso penales para funcionarios provinciales del área de Obras y Puertos.

Las sospechas crecieron luego de que el propio gobierno fueguino impulsara una ley que quitaba al puerto la administración de sus propios recursos, concentrando el control financiero en la órbita central del Ejecutivo. Desde entonces, empresarios y trabajadores del sector denuncian la paralización de obras básicas y la falta de inversiones sostenidas.

 

De la alerta técnica al conflicto político

La situación escaló al punto de que en la Casa Rosada ya evalúan una intervención administrativa temporal del puerto. “La prioridad es garantizar la operatividad y la seguridad de una infraestructura clave para el país. Si la Provincia no puede hacerlo, lo hará la Nación”, deslizó una fuente del Ministerio de Infraestructura nacional.

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Puerto denunció el deterioro de las condiciones laborales y la falta de mantenimiento en sectores eléctricos, señalización y accesos, donde el asfalto se encuentra completamente destruido.

La inspección detectó además riesgos eléctricos por cables sin aislación, ausencia de señalética, y un avance del desgaste en los accesos que compromete la logística de los camiones y pasajeros.

 

Impacto en el turismo y la economía local

El deterioro portuario ya empieza a tener consecuencias económicas. Para la temporada 2025, el puerto anunció que recibirá 525 cruceros, es decir 40 menos que la temporada anterior, rompiendo una racha de crecimiento sostenido en la última década.

Empresarios del sector turístico advierten que la situación “podría ahuyentar nuevas inversiones y afectar el flujo de pasajeros internacionales”, con un impacto directo sobre la economía de la ciudad.

 

Ushuaia, símbolo de una gestión bajo la lupa

Mientras la Nación define los pasos a seguir, el caso del puerto se convierte en una muestra palpable del deterioro institucional y administrativo que atraviesa Tierra del Fuego bajo la gestión de Gustavo Melella.
De confirmarse las irregularidades señaladas, el expediente podría marcar uno de los mayores escándalos de gestión portuaria del país, afectando no solo la imagen del gobierno fueguino, sino también la proyección turística y logística del extremo sur argentino.

El puerto más austral del mundo —emblema del turismo antártico y orgullo de los fueguinos— hoy amenaza con convertirse en metáfora de abandono y desidia.