

Tras un extenso debate parlamentario que se prolongó por más de diez horas, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la Ley de Eutanasia y Muerte Digna, convirtiendo al país en el primero de América Latina en reconocer legalmente el derecho a morir con dignidad.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue respaldada por el Frente Amplio y por legisladores de los partidos Colorado y Nacional, en un hecho que trascendió las fronteras partidarias.
El texto aprobado garantiza el derecho de toda persona a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mediante la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos, que se encuentren en etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan sufrimientos físicos o psíquicos insoportables como consecuencia de ellas.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros con residencia habitual comprobada en el país”, señala el articulado.
De esta manera, Uruguay se suma a un reducido grupo de naciones —como España, Países Bajos, Bélgica, Canadá y Nueva Zelanda— que permiten la eutanasia bajo regulación estatal y control médico estricto.
La ley establece un proceso médico y ético riguroso, que incluye varias instancias de evaluación y confirmación de la voluntad del paciente.
Una vez promulgada, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla, y posteriormente se contará con un plazo adicional de 90 días para la creación de la Comisión Honoraria de Revisión, que supervisará los casos y el cumplimiento de las garantías legales.
Esta comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Su tarea será revisar los procedimientos realizados en el marco de la ley y emitir un informe anual a las autoridades sanitarias y al Parlamento.
Durante la sesión, varios legisladores destacaron que la norma no promueve la muerte, sino que amplía las libertades individuales y reconoce la autonomía del paciente frente al sufrimiento irreversible.
Desde el oficialismo, se subrayó que el texto “no obliga a nadie, pero reconoce el derecho de quien desea morir en paz y sin dolor”.
En tanto, algunos sectores conservadores plantearon reparos éticos y religiosos, aunque el debate estuvo marcado por un tono de respeto y consenso inusual en la región.
El resultado final fue celebrado por organizaciones de derechos humanos, asociaciones médicas y colectivos que desde hace años impulsaban la iniciativa, recordando los casos de pacientes que habían pedido públicamente acceder a una muerte asistida y fueron el símbolo de esta lucha.
Con esta aprobación, Uruguay se convierte en pionero en la región en reconocer legalmente el derecho a la eutanasia, abriendo el debate en otros países latinoamericanos donde la muerte asistida aún está prohibida o penalizada.
El país, que ya había sido el primero en la región en legalizar el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo, vuelve a ubicarse a la vanguardia de los derechos civiles y libertades individuales.
“Esta ley es un acto de compasión, pero también de respeto a la libertad humana”, resumió uno de los senadores impulsores tras la votación.