Rolando Correa, quien se desempeñó como personal de planta política en la Legislatura de Tierra del Fuego, denunció públicamente la existencia de un mecanismo ilegal mediante el cual se obligaba a los empleados a entregar parte de su salario para financiar actividades partidarias de La Libertad Avanza.

En diálogo con Radio Provincia, Correa relató que durante su paso por la gestión legislativa de Agustín Coto, se le exigió transferir una parte de su sueldo bajo el argumento de “colaborar con el movimiento”. Según su testimonio, los descuentos se hacían de manera sistemática y eran destinados a solventar gastos de campaña, alquileres de locales y viáticos políticos.

“Nos pedían un aporte mensual. Al principio te lo planteaban como algo voluntario, pero si no lo hacías, te lo hacían sentir. Después directamente te decían cuánto tenías que poner”, afirmó Correa durante la entrevista.

El denunciante también aseguró que el dinero no pasaba por ningún control administrativo ni contable:

“Esa plata se manejaba por fuera de todo. Nunca se rendía. Era para pagar gastos del partido, no para la función pública.”

El audio que destapó la trama

La denuncia de Correa cobra especial relevancia luego de la filtración de un audio que involucra directamente al diputado nacional Santiago Pauli, representante fueguino de La Libertad Avanza.
En ese registro, el propio Pauli admite que parte del adicional por desarraigo, un viático oficial destinado a compensar gastos de traslado, era redirigido para cubrir los costos de funcionamiento partidario.

En un fragmento, el legislador expresa sin rodeos:

“Es un viático por un trabajo que alguien no hace. Dijimos: quedate con el 100% del contrato, pero danos esto que no estás usando. Eso lo usamos para sostener el partido.”

Pauli incluso detalla cómo se reemplazaba a quienes no cumplían con el acuerdo:

“Tengo tres contratos que ya es la cuarta o quinta vez que me pasa. Bueno, pongo a alguien que cobre y le transfiero el 100% del desarraigo al partido y todo feliz.”

El contenido del audio, sumado al testimonio de Correa, revela un posible esquema de financiamiento político ilegal con fondos públicos, una práctica que podría configurar los delitos de peculado y malversación de caudales públicos.

Plata del Estado, gastos de campaña

Según la reconstrucción del caso, los fondos del adicional por desarraigo —que deben usarse para cubrir vivienda y movilidad de quienes trabajan fuera de su ciudad de origen— habrían sido utilizados para mantener locales partidarios y pagar alquileres, según el propio Pauli reconoce en el audio.

“Con los cuatro contratos tengo para los alquileres y las expensas de los dos locales. El año pasado no habíamos pagado porque no entraba la plata, y la puta madre, estábamos poniendo todos”, se lo escucha decir.

Correa confirmó que este tipo de maniobras eran conocidas dentro del espacio libertario en la provincia.

“Había gente que cobraba contratos que ni siquiera cumplían funciones. El dinero terminaba yendo a un circuito paralelo. Todo el mundo lo sabía”, aseguró.

Hasta el momento, Santiago Pauli no emitió declaraciones oficiales.
Desde el entorno libertario evitaron pronunciarse, mientras que fuentes legislativas confirmaron que “podría haber movimientos internos” para revisar contratos y designaciones vinculadas al caso.

Un golpe al discurso de la “austeridad”

La polémica golpea de lleno el discurso de transparencia y anticasta que La Libertad Avanza enarbola a nivel nacional.
El escándalo deja expuesta una doble moral política: mientras el espacio libertario exige recortes y austeridad en el Estado, puertas adentro habría utilizado fondos públicos para financiar su propia estructura.

La frase de Correa resume el trasfondo de la crisis:

“Te hablan de honestidad y de terminar con la política de los privilegios, pero adentro se maneja la plata igual o peor que en los viejos partidos.”

Una bomba política en Tierra del Fuego

La combinación del testimonio de Correa y el audio de Pauli configura uno de los episodios más graves de presunto uso indebido de fondos públicos en la política fueguina reciente.
La investigación promete avanzar en los próximos días, con posibles derivaciones judiciales y políticas en un espacio que, hasta ahora, se presentaba como símbolo de la “renovación moral”.