

En declaraciones en FM Provincia, el abogado Jorge Hernández, especialista en litigios por prestaciones médicas, brindó una entrevista en la que expuso con crudeza la situación actual de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), denunciando una “política de abandono sistemático” hacia los afiliados.
“Hoy, para que te den una prestación obligatoria y básica como una quimio, tenés que accionar con un amparo”, explicó Hernández. “Pero una vez que tenés la sentencia, empieza otro mundo: el de conseguir que la obra social cumpla. Y eso puede tardar meses”.
El letrado describió un patrón preocupante en la conducta institucional de OSEF: “Para mí, la obra social se la está jugando a que los afiliados no reclamen o mueran en el camino. No puedo pensarlo de otra manera. Y de esa forma evitan dar la prestación”.
Según Hernández, incluso los fallos favorables son demorados con maniobras administrativas o apelaciones dilatorias: “Cuando la obra social se digna a cumplir, te dice que la prestación va a estar lista dentro de dos meses. Y ahí el juzgado suspende las multas diarias. Es una estrategia pensada. Nada mueve a la obra social: ni las sanciones ni los costos judiciales”.
El abogado afirmó que ya no se trata de casos aislados, sino de una práctica extendida. “Estoy hablando de amparos por audífonos, marcapasos o quimioterapias. No hay una línea: a todo dicen no, y vemos. El que reclama, recibe; el que no reclama, no”.
Consultado sobre los tiempos judiciales, Hernández precisó que “una sentencia de amparo puede salir en un mes o mes y medio, pero después viene el incumplimiento. Tenés que perseguir a la obra social hasta que cumpla. Es la única manera hoy de conseguir una prestación”.
El abogado advirtió que la situación llegó a un punto límite: “Ya ni siquiera te dan quimio. Lo básico. Mañana va a ser la diálisis. Y si no la hacen, el paciente muere. El sistema ya está armado así: si reclamás, en algún momento te la dan; si no reclamás, no te la dan; y si te morís esperando, el problema se termina”.
Para Hernández, lo que atraviesan los afiliados no es un problema burocrático, sino un esquema premeditado. “Hace tres o cuatro años que estamos así. El sistema está diseñado para eso. No hay señales de que vaya a modificarse”, concluyó.