El Gobierno de Tierra del Fuego decidió avanzar con otro aumento en la tarifa de energía eléctrica, a través de una resolución de la Dirección Provincial de Energía (DPE) publicada a menos de una semana de las elecciones.
La medida, que impactará directamente en las facturas de los hogares fueguinos, representa un nuevo golpe al bolsillo de las familias, los jubilados y los comercios, que ya vienen arrastrando meses de subas y pérdida de poder adquisitivo.

Una suba más en medio de la crisis

El nuevo cuadro tarifario incrementa tanto el cargo fijo mensual como el valor del kilovatio hora (kWh) para todos los niveles de usuarios: residenciales, comerciales e industriales.
Los aumentos oscilan entre el 25% y el 35%, dependiendo del consumo, lo que implica que una familia tipo que antes pagaba $20.000 por mes pasará a abonar cerca de $27.000 o más, en una provincia donde la calefacción eléctrica es una necesidad básica.

Desde el propio organismo reconocen que los ajustes responden a “los mayores costos de distribución y generación”, pero lo cierto es que la infraestructura energética no muestra mejoras visibles: los cortes, fallas y deficiencias del servicio siguen siendo moneda corriente en toda la provincia.

Un contexto político explosivo

La decisión de aplicar este incremento a pocos días de los comicios despertó fuertes críticas de vecinos y usuarios, que ven en la medida una insensibilidad total del Gobierno provincial ante la crisis económica que atraviesa Tierra del Fuego.
“Es el peor momento para seguir aumentando. No hay trabajo, los sueldos no alcanzan, y encima nos suben la luz”, expresaron comerciantes de Río Grande y Ushuaia en redes sociales.

La DPE ya había autorizado aumentos en julio y septiembre, pero este último ajuste —formalizado mediante la Resolución 628— llega con un fuerte impacto político: es percibido como una muestra más de desconexión entre las autoridades provinciales y la realidad cotidiana de los fueguinos.

Un bolsillo al límite

Tierra del Fuego atraviesa un escenario económico crítico. La inflación, la recesión industrial, la caída del consumo y el deterioro del salario real han llevado a miles de familias al límite.
El aumento de la electricidad, en una provincia donde el invierno dura más de la mitad del año, no es un dato técnico: es un golpe directo a la supervivencia diaria.

Además, la suba en la tarifa eléctrica se suma a los aumentos en combustibles, alquileres, alimentos y transporte, conformando un combo que castiga con dureza al ciudadano común.

Energía cara, servicios pobres

Paradójicamente, mientras el Gobierno provincial aplica aumentos, la prestación del servicio eléctrico sigue siendo deficiente.
Los reclamos por bajones de tensión, cortes frecuentes y demoras en las reparaciones son habituales en los barrios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
La falta de inversión real en mantenimiento e infraestructura contrasta con una política tarifaria que no se traduce en mejoras concretas.

En la recta final electoral

A pocos días de que los fueguinos vuelvan a las urnas, la aprobación de este nuevo cuadro tarifario expone la fragilidad política y económica de la gestión provincial, que intenta sostener las cuentas públicas a costa del bolsillo de la gente.

La medida refuerza una sensación generalizada: un gobierno que llega a las elecciones sin haber resuelto los principales problemas de la provincia —educación, salud, trabajo, seguridad y energía—, pero que sigue ajustando sobre la población.