

USHUAIA.- Un inesperado cortocircuito interno sacude a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). El Vocal electo por los afiliados pasivos, José María Martín, presentó un escrito ante el gobernador Gustavo Melella, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas, quejándose de la decisión administrativa que lo designaba como presidente interino para cubrir la licencia de la titular, Mariana Silvina Hruby. Martín sostiene que dicha designación es "irregular" y que la Ley Provincial Nº 1071 indica taxativamente quién debe ocupar ese lugar.
Según el documento, con fecha 20 de octubre de 2025, el vocal Martín cuestiona la Resolución (RP-651-2025) emitida por la Presidenta Hruby, la cual lo colocaba al frente del Directorio durante la licencia que abarcó desde el 18 de octubre de 2025.
El meollo de la controversia radica en que, ante la ausencia de la titular, la presidencia de la OSEF debe ser ejercida por el Vicepresidente 1º, Leonardo Olgiatti. Este punto se fundamenta en el Artículo 8º de la Ley Nº 1071, que establece que el vocal designado por el Poder Ejecutivo (quien desempeña la vicepresidencia) es el sustituto legal de la Presidenta. El Vicepresidente 1º Olgiatti, nombrado por el Ejecutivo en abril de 2024, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.
Martín alegó una "doble y fundamental irregularidad". La primera es de índole legal ya que tal como queda plasmado en la Ley 1071, la subrogancia le corresponde a Olgiatti, un precedente que ya se había sentado en marzo de 2025. La segunda irregularidad es de carácter administrativo ya que, al momento de emitirse la resolución (RP-651-2025) y su entrada en vigencia, el vocal Martín se encontraba gozando de una licencia autorizada por la propia presidenta Hruby entre el 6 y el 19 de octubre de 2025. Por ende, no estaba en condiciones de tomar conocimiento ni aceptar las funciones legalmente.
El vocal electo por los pasivos remarcó en su presentación que esta movida "desconoce el marco legal vigente", generando un "conflicto institucional innecesario y grave" que pone en riesgo la seguridad jurídica del organismo.
En un cierre contundente, Martín solicita a la máxima autoridad provincial y a los organismos de control que reviertan de forma inmediata el acto administrativo que dispone su subrogancia, en resguardo de la legalidad institucional.