La resolución N.º 825/25, firmada por la inspectora general Gabriela Masset, anula las actas de Comisión Directiva de los días 19 de septiembre, 11 y 16 de octubre de 2025, y deja sin efecto la asamblea general ordinaria que debía realizarse el 22 de octubre, al considerar que se incumplieron múltiples artículos del estatuto social y de la Disposición IGJ N.º 957/17.

🔹 Irregularidades y conflictos internos

Según el dictamen, las actuaciones se iniciaron a raíz de denuncias de los asociados Francisco Noel Da Rosa y Sebastián Heredia, quienes advirtieron irregularidades en la convocatoria a elecciones, exclusión de socios, presiones internas y la falta de transparencia en la conformación de listas opositoras (“azul y roja” y “celeste y blanca”).

La IGJ constató “incongruencias en el libro de registro de asociados y el padrón habilitado para participar”, además de la “inadecuada interpretación y aplicación de las disposiciones estatutarias por parte de la Comisión Directiva”, lo que —según el organismo— impidió garantizar un proceso electoral válido y equitativo.

🔹 Intervención y nulidad administrativa

El área legal del Cuerpo de Inspectores de la IGJ emitió el Dictamen C.I. N.º 017/25, que fue compartido en todos sus términos por la resolución final. En él se recomienda declarar la nulidad administrativa del proceso electoral y las actas que le dieron origen.

La decisión implica que no se podrán realizar elecciones ni renovar autoridades hasta que se subsanen las observaciones señaladas y se cumpla estrictamente con los procedimientos previstos en el estatuto.

🔹 Próximos pasos

La IGJ notificó electrónicamente a la Asociación y otorgó un plazo de 10 días hábiles para interponer recursos administrativos. Además, ordenó la publicación de la disposición en el Boletín Oficial de la Provincia.

El documento oficial cierra reafirmando que el cumplimiento de las normas estatutarias “se establece en protección de los derechos y garantías de los socios, por lo que, si no son respetadas, este organismo no puede validar un procedimiento incongruente con las reglas que rigen la vida institucional”.