USHUAIA.- La pulseada entre la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y los organismos de control de la Nación sube la temperatura. La Auditoría Nacional intimó al ente portuario a rendir cuentas tras el lapidario informe que se presentó el 30 de septiembre y que expone serias falencias técnicas y presupuestarias. Si bien el presidente del Puerto, Roberto Murcia, se había comprometido públicamente a tener el descargo listo en apenas cinco días hábiles, el plazo ha caducado sin que la respuesta llegara a destino. En medio de esta falta de definición, la Dirección Provincial solicitó una prórroga de diez días más, lo que echa más leña al fuego de las dudas sobre la gestión.

La evaluación de la Auditoría pintó un panorama más que delicado para la principal terminal de Tierra del Fuego. Se detectaron graves deterioros en la infraestructura operativa, como pilotes partidos, defensas con erosión en sectores clave del muelle, accesos a la terminal dañados y sistemas de seguridad fuera de servicio. Además, se hizo hincapié en la mala ubicación de contenedores que almacenan materiales considerados peligrosos.

Pero la crisis no se limita a la chapa y el cemento. El informe pone el foco en la gestión administrativa y contable: se exponen diferencias millonarias que carecen de justificación formal, trámites financieros sin el respaldo documental exigido y convenios económicos cuyo destino final no está claro. El colmo de la informalidad radica en la utilización de simples planillas Excel como sistema contable, mientras se observa que más del 50% del presupuesto total del puerto se destina a salarios, en detrimento del mantenimiento de la infraestructura.

Cuando el informe se hizo público, el titular de la DPP, Roberto Murcia, salió a hablar en los medios y fue categórico al negar cualquier hipótesis de intervención. En aquella oportunidad, incluso, deslizó que la crítica auditoría era producto de una “presión desde Nación”. Sin embargo, optó por el silencio total al cumplirse el plazo original que tenía para entregar el descargo oficial a las autoridades nacionales.

Ahora, con la intimación vencida y los ojos puestos en la gestión, la Dirección Provincial de Puertos pide estirar los tiempos por diez días más. Esto, a pesar de que el propio Murcia había afirmado a principios de mes que la respuesta a la Auditoría “ya estaba casi lista”. Esta contradicción, que forma parte de la cadena de inconsistencias, lejos de aclarar la situación, genera aún más interrogantes entre los actores políticos y económicos de la provincia.

Mientras la Auditoría Nacional mantiene el expediente abierto y en constante movimiento, las respuestas concretas se hacen esperar. Fuentes con acceso al caso aseguran que si la documentación que justifique los desvíos y las falencias no aparece a la brevedad, la intervención del ente dejará de ser una simple especulación para transformarse en un escenario de inminente ejecución.