Jornada laboral ampliada
Se propone extender la jornada máxima diaria hasta 12 horas para determinados casos, lo que modifica el límite usual de 8 horas diarias.
Vacaciones fraccionadas
Se habilita que los períodos de descanso sean tomados en partes, de común acuerdo entre trabajador y empleador, en lugar de un bloque fijo de días.
Indemnizaciones y pagos en cuotas
La propuesta permitiría para pymes abonar indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta doce cuotas mensuales.
Flexibilización de convenios colectivos
Posibilidad de implementar sistemas de “banco de horas” y otros esquemas flexibles.
Se deberán revisar los convenios, cuestionando el principio de ultraactividad (es decir, que un convenio siga vigente hasta que se negocie uno nuevo).
Propuesta para que la paritaria salarial se base más en productividad o empresa individual, que en incrementos homogéneos por sector.
Salarios dinámicos
Se plantea que los salarios de convenio no sean rígidos y puedan adecuarse a la realidad productiva de la empresa o región, desvinculando parte de la negociación salarial de la inflación automática.
Pago de salario “en especie”
Se recupera la opción de que parte del salario se pague mediante prestaciones no dinerarias, por ejemplo vales de comida o canastas de alimentos.
Incentivos fiscales para pymes y formalización
Se prevén beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas que contraten nuevo personal, con el fin de formalizar a trabajadores que actualmente desempeñan funciones en el sector informal.
Voluntariedad de aporte sindical
Uno de los ejes es que los aportes al sindicato sean voluntarios, requiriendo la conformidad del trabajador.
Derecho a huelga y "servicios esenciales"
Cambios impulsados para tratar al derecho de huelga y al carácter de “servicio esencial” para ciertos sectores, lo que implica límites mayores para medidas de fuerza.
Revisión de la legislación laboral vigente
Se propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) (20.744) y eliminar o reducir la homologación obligatoria de paritarias, supervisión estatal de sindicatos, etc.
Formalizar unos 8 millones de trabajadores informales, según declaraciones del Gobierno.
Reducir la litigiosidad laboral y los costos de despido que, según el oficialismo, frenan la contratación formal.
Atraer inversiones y mejorar la competitividad del país al modernizar y flexibilizar el mercado laboral.
Ajustar las normas laborales a las nuevas formas de trabajo (por ejemplo plataformas digitales) y adaptar los contratos a realidades productivas diversas.
Diversos sectores advierten que la flexibilización puede derivar en precarización de condiciones laborales, menor estabilidad y debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores.
Se cuestiona que algunos derechos históricos (como el salario mínimo sectorial, la ultraactividad de convenios, etc.) queden debilitados.
Posible aumento de la desigualdad entre trabajadores formales de empresas grandes y nuevos trabajadores o pymes.
La reforma se impulsa en un momento de alta inflación, lo que hace que los ajustes salariales según productividad o empresa individual puedan dejar rezagados a los trabajadores.
La base normativa incluye el DNU 70/23 que contiene un capítulo laboral (Título IV) que actualmente está suspendido por la justicia laboral.
Se trabaja con un proyecto de ley (“ley de promoción de inversiones y empleo”) que recoge muchas de las ideas mencionadas y que tiene tratamiento parlamentario.
El Gobierno convocará al diálogo con gremios y empresarios (por ejemplo a través del “Consejo de Mayo”) para conseguir consenso o al menos respaldo sectorial.
Queda por dilucidar cómo se garantizarán los derechos mínimos de los trabajadores y cómo se implementarán los nuevos esquemas sin generación de conflictos sociales fuertes.
La reforma laboral de Javier Milei propone una transformación amplia del mercado de trabajo argentino: jornadas más largas, mayor flexibilidad de contratos y convenios, salarios más ligados a la productividad, incentivos a las pymes, y revisión de derechos tradicionales. El objetivo oficial es fomentar empleo formal, inversión y dinamismo económico. Sin embargo, el costo social y laboral de esa flexibilización genera debate intenso, ya que se pone en juego la estabilidad del empleo y la protección de los trabajadores.