RÍO GRANDE.- Una grave denuncia sacude el manejo de la pauta oficial en la provincia. La situación que se revela genera un fuerte contraste entre el atraso de hasta seis meses en el pago a periodistas independientes y el millonario financiamiento que el Ejecutivo provincial destina a una red de medios digitales de baja calidad, abiertamente funcionales a los intereses políticos del gobierno. Este esquema, señalado como insostenible, se mantiene activo bajo la supervisión de funcionarios clave, a pesar de que la provincia atraviesa serias crisis en áreas sensibles como Salud y Educación.

La situación no solo implica una falta de prioridad en el uso de los fondos públicos, sino que golpea directamente la economía de los medios independientes que, según se denunció, se ven obligados a endeudarse para mantener sus operaciones y el trabajo serio que realizan hace años en la provincia.

La red de portales controvertidos

El foco de la polémica se centra en dos tipos de plataformas. Por un lado, se menciona a portales como TDF Informa, calificado por su "escritura mediocre" y cuyo contenido estaría armado para blindar la gestión del Ejecutivo. Por otro lado, la denuncia escaló a un nivel judicial y ético al señalar el financiamiento de La Razón Fueguina, un medio presuntamente administrado desde una cárcel por un individuo, identificado como Solari, que cuenta con una condena firme por pedofilia y es ex presidente del Cuartel de Bomberos Zona Norte de Ushuaia.

Estos medios, junto a una "larga lista de portales funcionales," operarían como engranajes digitales de uso político, replicando campañas, atacando opositores y consumiendo un presupuesto que carece de la necesaria transparencia.

La responsabilidad política

La información indica que la operación de esta red comunicacional se desarrollaría bajo la supervisión directa de los funcionarios Jorge Canals y Agustín Tita. Aún más grave, la denuncia sugiere la participación directa del Gobernador, quien, a través de mensajes de WhatsApp, habría impartido instrucciones precisas sobre el contenido a publicar, especialmente el dirigido contra la oposición política.

Mientras este aparato de propaganda encubierta recibe financiamiento garantizado, el periodismo acreditado y que realiza un trabajo sostenido en el tiempo, espera meses para cobrar. La indignación crece en una provincia donde los recursos, que deberían destinarse a reparaciones básicas en escuelas, inversión educativa urgente y soluciones a los graves problemas de la Salud pública, terminan siendo desviados para sostener estos portales sin rigor profesional.