USHUAIA.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) resolvió otorgarse un incremento salarial del 5 por ciento, que comenzó a regir de manera retroactiva al mes de septiembre pasado. Esta determinación se contrapone con la paritaria ofrecida a la mayoría de los estatales fueguinos, a quienes se les propuso una suba de apenas el 2 por ciento “porque no hay plata”.

Es de destacar que, con esta actualización, los miembros del Tribunal perciben un haber mensual que asciende a los 13,9 millones de pesos en un escenario donde se cuestiona su rol de fiscalización. Este aumento impacta directamente en la dieta de los funcionarios quienes también se verán beneficiados.

Mientras una gran porción de la población de la provincia de Tierra del Fuego se ve obligada a realizar un ajuste al centavo para afrontar los gastos de la canasta básica, los vocales del TCP, en una acción que generó un fuerte malestar social, optaron por aprobarse una mejora en sus emolumentos del 5 por ciento. Llevado a números concretos, este “retoque” salarial representa más de 700.000 pesos extra por mes para cada integrante, una cifra que, para la masa trabajadora común, se considera un verdadero agravio. Un dato que no es menor es que la decisión se tomó sin mediar comunicación oficial, lo que implica que el incremento se gestionó bajo una política de hermetismo.

La indignación se acrecienta al considerar que el aumento no solo se efectivizó, sino que se aplicó con carácter retroactivo a septiembre, por lo que los integrantes del Tribunal ya lo percibieron sin que trascendiera la novedad. De esta manera, funcionarios “vitalicios” del TCP, entre los que se encuentran referentes como Hugo Pani y Miguel Longhitano, continúan engrosando sus ya abultados sueldos, los cuales ya superan los 13.900.000 pesos mensuales y ahora superarán los 14 millones y medio.

Paralelamente a esta situación, se advierte que las tareas de auditoría por parte del organismo de control siguen mostrando serios atrasos. Las compras directas, las contrataciones sin un control exhaustivo y los gastos sin justificación clara continúan fluyendo sin la debida intervención de los que deberían ser los “guardianes del erario público”, quienes, en el proceso, incrementan sus propias ganancias a costa de los fondos de la ciudadanía.

En una jurisdicción que padece de escuelas con serias deficiencias edilicias, centros hospitalarios con falta de insumos críticos y servicios esenciales colapsados, los integrantes del Tribunal de Cuentas llevan un ritmo de vida suntuoso financiado íntegramente con fondos públicos, sin que exista una rendición de cuentas clara ni el ofrecimiento de explicaciones a la sociedad. Un panorama que incluye costosos coffees, oficinas de primer nivel y salarios que rompen todos los parámetros, un tren de vida sostenido por los contribuyentes fueguinos, quienes, con su esfuerzo, mantienen un sistema donde se percibe que quienes menos fiscalizan, más cobran.