Una megacausa judicial destapó una red de contrabando y lavado de dinero que operó durante años con apoyo de funcionarios públicos y agentes de seguridad. Entre los nueve empresarios detenidos está Jorge V., un hombre de 55 años nacido en Tierra del Fuego, que dejó la provincia para instalarse en Caseros y la Ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó al comercio mayorista de metales.
Su nombre figura hoy en la causa como uno de los principales responsables de una maniobra que involucró el transporte ilegal de toneladas de bronce, cobre y otros materiales ferrosos hacia Paraguay y Bolivia, con destino final en mercados de Europa, Estados Unidos y China.

Una investigación judicial reveló que, entre el 26 de abril de 2021 y el 22 de marzo de 2025, Jorge V. recibió 413 depósitos en criptomoneda USDT por un total de 21.806.316,57 dólares y retiró casi la misma suma en 425 operaciones. En promedio, movió 15.238 dólares por día durante casi cuatro años, una cifra que no se condice con su actividad declarada.

El análisis de la Unidad Analítica Digital de la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que utilizaba una cuenta en la plataforma Binance para canalizar sus ingresos cripto. Durante un allanamiento en su vivienda del barrio porteño de Flores, a una cuadra de Caballito, se le secuestraron 44.090 USDT, así como tres vehículos de alta gama: un Citroën C3, un Ford Mondeo y un Audi A3.

Pero su caso no fue el único que llamó la atención. En otro domicilio vinculado al entramado, se encontraron 4 millones de dólares en efectivo, y uno de los implicados intentó sobornar a los funcionarios judiciales para escapar de la detención.
“A uno le pagaron con una transferencia a su billetera virtual”, ejemplificaron desde la Fiscalía para describir el nivel de impunidad con el que operaba la organización.

“Contrabandeaban cantidades industriales de insumos críticos. Y luego recibían millones de dólares y criptos que inyectaban en el mercado negro. Básicamente, saqueaban al país con la complicidad de funcionarios y agentes de seguridad”, señaló uno de los investigadores.

La causa, que lleva adelante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, se originó a partir de un desprendimiento de la denominada “Operación Comando Crypto”, vinculada al lavado de activos de organizaciones criminales con base en Brasil.
La declaración de un imputado colaborador permitió identificar a este grupo de empresarios, entre los cuales destaca el caso del fueguino, ahora detenido e imputado.

La Justicia continúa investigando la red de connivencia estatal que permitió la maniobra, mientras profundiza el análisis del circuito financiero utilizado para lavar los fondos obtenidos de manera ilegal.