USHUAIA.- Tierra del Fuego atraviesa una crisis integral que no encuentra precedentes en su historia reciente. La administración de Gustavo Melella ha sumido a la provincia en un estado de abandono y desidia que se extiende a todas las áreas del gobierno. No hay políticas públicas visibles ni planificación, y la gestión se caracteriza por la ausencia de decisiones efectivas que reviertan el deterioro.

En el ámbito de la educación, la situación es alarmante ya que la provincia registra los menores índices de días de clases del país, sin alcanzar siquiera el 10% del calendario lectivo previsto. Este desplome educativo no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que condena a miles de jóvenes fueguinos a un futuro de desigualdad y pérdida de oportunidades.

El panorama en salud pública no es menos dramático. Los hospitales carecen de médicos, infraestructura y equipamiento funcional. La aparatología está obsoleta o directamente rota, y el mantenimiento es inexistente. Con recursos humanos exhaustos y servicios al borde del colapso, los ciudadanos deben soportar largas esperas, derivaciones fuera de la isla y un sistema que sobrevive únicamente por el compromiso individual de su personal sanitario.

A esta realidad se suma la decadencia de la obra social estatal, que nunca estuvo tan desatendida. Los afiliados denuncian falta de cobertura, demoras interminables y una indiferencia total por parte de las autoridades. El Estado provincial ha dejado de cumplir incluso sus funciones más elementales.

Seguridad, obra pública y energía: un deterioro estructural

En materia de seguridad, Tierra del Fuego vive el peor momento de su historia. La Policía provincial apenas puede garantizar una presencia mínima en las calles: los salarios son de miseria, la cantidad de móviles es insuficiente, la capacitación brilla por su ausencia y los agentes carecen de elementos básicos para cumplir su labor. La inseguridad se ha convertido en parte del paisaje cotidiano, reflejo de un Estado que ha renunciado a proteger a sus ciudadanos.

En el área de obra pública, la gestión provincial se caracteriza por la inacción y la corrupción. No hay proyectos estratégicos ni obras en marcha de relevancia, y las pocas que existen están teñidas de irregularidades. El caso del puerto de Ushuaia, símbolo de la desidia y la falta de control, ilustra un patrón de contrataciones opacas y paralizaciones inexplicables.

La infraestructura energética también se encuentra en crisis. Las usinas de Ushuaia y Tolhuin operan sin inversiones ni mantenimiento, mientras los cortes de luz se multiplican.

Las contrataciones están plagadas de vicios y no existe control de los organismos que deberían fiscalizar. La corrupción y la impunidad se han convertido en parte del sistema administrativo provincial.

Un gobierno ausente y una oposición cómplice

A la par de esta decadencia estructural, la provincia padece un vacío de liderazgo sin precedentes. El gobernador Melella pasa más del 70% de su tiempo fuera de la provincia, sin informar motivos, lugares ni resultados de sus viajes. Mientras tanto, la vicegobernadora Mónica Urquiza se muestra completamente ausente, en una función meramente testimonial.

La estructura política se completa con más de setenta asesores cuyos nombres, funciones y sueldos son desconocidos, sin rendición de cuentas ni control legislativo. La falta de transparencia es absoluta.

Mientras tanto, el gobernador y sus funcionarios se aumentan los sueldos, mientras los empleados públicos apenas logran cubrir sus gastos mínimos. La desigualdad entre la clase política y los trabajadores del Estado se ha vuelto intolerable.

Distancia con la Nación y endeudamiento sin control

El enfrentamiento constante del gobierno fueguino con el Ejecutivo nacional agrava aún más el aislamiento provincial. Melella y Urquiza se han negado sistemáticamente a recibir a funcionarios nacionales, incluyendo al propio presidente Javier Milei durante su visita oficial. Este gesto de soberbia política no hace más que perjudicar a los ciudadanos, que terminan pagando el costo de un distanciamiento innecesario.

Paradójicamente, mientras el discurso oficial ataca al gobierno nacional por su vínculo con el FMI o por políticas de austeridad, Tierra del Fuego se ha convertido en la provincia más endeudada del país en proporción a su presupuesto. Lejos de reducir pasivos, la gestión provincial continúa tomando deuda y comprometiendo el futuro económico de generaciones enteras.

A este cuadro se suma la polémica decisión de autorizar la instalación de un radar británico en la provincia, una medida que pone en duda la defensa de la soberanía nacional y que ha generado amplio repudio.

Terra Ignis: la empresa fantasma del poder

Otro de los focos más preocupantes de irregularidades es la empresa estatal Terra Ignis, que administra activos de YPFen la provincia. La firma pretende operar yacimientos hidrocarburíferos, pero ni siquiera puede garantizar el suministro eléctrico estable a las principales ciudades fueguinas.

Sin rendición de cuentas sobre sus gastos, contrataciones y objetivos, Terra Ignis funciona como un ente opaco, sin control ni auditorías, símbolo de la falta de transparencia que define a la actual gestión.

Un gobierno sin control

El cuadro es tan crítico que sobran motivos para que la Justicia investigue a todo el gobierno provincial. Si existiera una investigación seria y con verdadero compromiso, muchos funcionarios deberían rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales que corresponden.

La impunidad, sin embargo, sigue siendo la norma. Los organismos de control no controlan, los que deberían investigar miran hacia otro lado, y la ciudadanía es la que paga las consecuencias.

Tierra del Fuego atraviesa una etapa oscura, donde la corrupción, el abandono institucional y la ineficiencia políticahan reemplazado la gestión pública. La provincia, rica en recursos y potencial, ha sido conducida a una situación de desgobierno sin precedentes.

En pocas palabras:

El gobierno de Gustavo Melella y Mónica Urquiza representa el punto más bajo de la historia política de Tierra del Fuego. Con la educación paralizada, la salud colapsada, la seguridad en crisis y la corrupción extendida, la provincia se hunde en un abandono alarmante. A ello se suma una deuda creciente, una relación rota con la Nación y un aparato estatal sin transparencia ni control. Es tiempo de exigir rendición de cuentas, orden institucional y respeto por los fueguinos, porque un gobierno ausente no puede seguir decidiendo el destino de una provincia que agoniza.

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