Según el periodista y vicepresidente del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, José Piñeiro, Pérez había manifestado fiebre, dolor de garganta y otros síntomas desde el 27 de octubre. A pesar de reiteradas solicitudes de atención dentro del penal y la presentación de un hábeas corpus, la respuesta médica habría sido insuficiente o tardía.

“Lo más grave de este caso es que se podría haber evitado. Su vida estaba a cargo del Estado, y no se actuó a tiempo”, advirtió Piñeiro.

El interno fue trasladado al hospital el día anterior a su fallecimiento, pero según familiares, las indicaciones médicas no se cumplieron. El jueves 30, mientras volvía a esperar en la guardia y sin la debida atención, sufrió una convulsión y murió en el lugar.

Videos grabados por personas que estaban en la sala de espera circularon en redes sociales y mostraron el momento en que el detenido, escoltado por personal penitenciario, perdió la vida sin recibir asistencia.

“Nadie graba a una persona en una guardia porque sí. Filmaron porque vieron algo que no estaba bien, porque sintieron que había gravedad y que no se estaba actuando como correspondía”, sostuvo Piñeiro en Radio Provincia.

La denuncia fue radicada por Susana Ancalipe, exesposa de Pérez y también privada de la libertad por la misma causa. A través de su abogado, Maximiliano Palladino, acusó a las autoridades por abandono de persona agravado por el resultado de muerte. Esto obligó a suspender el velatorio del hombre y permitió la intervención del Fiscal Mayor, que ordenó la realización de una autopsia.

Desde el Comité contra la Tortura y la Multisectorial de Derechos Humanos de la provincia se hizo un seguimiento del caso desde los primeros días. Piñeiro aseguró que se trató de un desenlace “previsible y dolorosamente conocido”:

“Este no es un hecho aislado. Venimos señalando hace años que el acceso a la salud de las personas privadas de libertad es un problema grave. No tienen la opción de ir a un médico particular ni de reclamar a los gritos. Dependen exclusivamente del Estado para ser atendidos.”

Además, el periodista recordó que Pérez estaba cerca de cumplir su condena y recuperar la libertad. Su muerte, dijo, causó conmoción entre compañeros de la unidad penal.

La investigación judicial en curso deberá determinar si las demoras en la atención médica y el traslado fueron determinantes en el desenlace fatal. Desde los organismos de derechos humanos, aseguraron que seguirán acompañando a la familia y reclamaron una revisión urgente del sistema de salud penitenciario:

“El único derecho que perdió esta persona fue el de circular libremente, pero no se le pueden vulnerar derechos básicos como el acceso a la salud y la integridad física. Esto no puede volver a pasar”, concluyó Piñeiro.