Por: Ramón Taborda Strusiat

La angustia y la incertidumbre se han vuelto rutina en los hogares de cientos de familias de policías retirados y pensionados de Tierra del Fuego. Desde hace meses —según denuncian— no perciben los haberes que por ley les corresponden, y siguen sin cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC) del primer semestre.

Ante la falta de respuestas del Directorio de la Caja de Previsión Social de la Policía Provincial, un grupo de esposas de los retirados decidió acudir a la Justicia y presentar un escrito ante los Juzgados Laborales N.º 1 y N.º 2 de Ushuaia, reclamando la intervención inmediata del Poder Judicial.

“Llevamos meses sin percibir haberes que nos corresponden por ley, y se nos adeuda el aguinaldo del primer semestre, mientras el Directorio de la Caja mantiene un silencio absoluto acerca de la deuda que ha contraído con nosotros”, expresaron en la presentación.

Las mujeres sostienen que ya son más de 500 las familias afectadas por esta situación, que golpea especialmente a hogares donde la salud de los retirados está deteriorada tras años de servicio en la fuerza. “La falta de ingresos, la incertidumbre y la ausencia de respuestas están afectando su salud física y emocional”, remarcan en la nota elevada a los jueces.

En el escrito, las firmantes señalan que la falta de pago constituye una “vulneración directa, diaria y continua de derechos adquiridos”, y solicitan que el Tribunal intime al Directorio de la Caja a regularizar de manera inmediata los haberes y el aguinaldo adeudados.

“Nuestros propios pares, quienes deberían velar por nosotros, ya nos dieron la espalda. No quisiéramos que la Justicia siga ese mismo camino”, advierten en un tono cargado de decepción.

Las familias afirman que la deuda de la Caja “no tiene justificación” y que el organismo mantiene un silencio total ante los reclamos formales y públicos. “Mientras tanto, las cuentas se acumulan, las familias se endeudan y los jubilados policiales —quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad— deben vivir de prestado o depender de la ayuda de sus hijos”, lamentan.

El pedido cierra con un mensaje que sintetiza el sentimiento de las familias:

“Porque la ley está para cumplirse. Y ustedes, señores jueces, tienen la responsabilidad institucional de garantizar que así sea.”

La presentación judicial, que busca ser una medida de último recurso, pretende romper el silencio institucional y lograr que se respeten los derechos previsionales de un sector históricamente relegado.

“Lo que pedimos no es un favor: es justicia”, concluyen las mujeres, que ahora aguardan una respuesta del Poder Judicial.