La presentación, basada en el artículo 162 de la Constitución Provincial y la Ley 525, expone una serie de acusaciones que, de ser comprobadas, podrían marcar un antes y un después en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo fueguino.

 

Las acusaciones

El documento sostiene que el magistrado habría incurrido en conductas que comprometen su imparcialidad. Entre los principales señalamientos, se lo acusa de haber emitido opiniones públicas sobre la reforma constitucional provincial antes de intervenir en causas vinculadas con ese proceso, lo que constituiría un caso de prejuzgamiento.

Además, el escrito menciona su vínculo familiar con el legislador Damián “Loly” Löffler, quien votó en contra de la reforma, lo que -según el denunciante- “pone en duda su independencia”.

La denuncia también apunta a retardos maliciosos en la resolución de expedientes de alto impacto institucional, como los casos Lechman y Rossi, y lo acusa de hostilidad funcional hacia el Poder Ejecutivo. Incluso, se señala que el propio Superior Tribunal de Justicia habría apartado al juez Löffler de algunas causas por pérdida de imparcialidad.

Petkos pide su remoción al considerar que su accionar “afecta gravemente los principios republicanos, la división de poderes y la confianza pública en la Justicia fueguina”.

 

Un conflicto con trasfondo político

Detrás de la formalidad jurídica, el caso Löffler expone una profunda disputa política que atraviesa el corazón del poder en Tierra del Fuego.

El juez denunciado pertenece a una familia con larga trayectoria política y judicial, históricamente vinculada al Movimiento Popular Fueguino (MOPOF), que durante años tuvo un rol central en la estructura institucional de la provincia.

Sin embargo, en los últimos tiempos esa influencia comenzó a ser cuestionada por el actual gobernador Gustavo Melella, quien ha impulsado un proceso de recambio y transparencia dentro del sistema judicial. En ese contexto, la denuncia contra Löffler aparece para algunos sectores como una avanzada política para desplazar a viejos actores de poder, y para otros, como una oportunidad para sanear la Justicia y garantizar su independencia real.

 

El impacto institucional

La presentación ante el Consejo de la Magistratura no sólo pone en jaque la carrera del magistrado, sino que abre una nueva etapa en la puja por el control del Poder Judicial fueguino.

El jury contra un juez del Superior Tribunal es un hecho excepcional y podría convertirse en un precedente histórico. Si el proceso avanza, el máximo tribunal podría sufrir su mayor sacudida desde su creación.

Para el oficialismo provincial, el pedido de Petkos representa una señal de que la Justicia debe rendir cuentas ante la sociedad, mientras que para la oposición y los sectores cercanos al MOPOF se trata de una maniobra de persecución política, destinada a eliminar a quienes no se alinean con la actual gestión.

 

Una Justicia bajo la lupa

La controversia llega en un momento de alta sensibilidad institucional. Tierra del Fuego atraviesa un período de reformas políticas y revisión de estructuras en medio de un contexto económico adverso.
En ese escenario, los movimientos dentro del Poder Judicial se leen con una intensidad inusual: cada causa, cada fallo y cada denuncia se interpreta como una pieza más en la disputa por el poder real.

La figura de Ernesto Löffler -hermano del legislador y referente político Damián Löffler- simboliza justamente ese punto de cruce entre justicia y política. Su eventual juicio político pondría sobre la mesa una discusión más amplia: ¿es posible un Poder Judicial independiente cuando la política no deja de marcar su ritmo?

 

Una provincia en plena redefinición del poder

El jury contra el juez Löffler no es sólo una denuncia judicial: es un capítulo más de la reconfiguración del poder en Tierra del Fuego.
En una provincia donde las relaciones personales y familiares se entrelazan con la política y la justicia, el caso expone los límites de un sistema que busca modernizarse.

De fondo, late una pregunta que trasciende nombres y cargos:

¿Asistimos a un acto de justicia o a una venganza política?