“Hay un silencio del Gobierno que aturde. No ha habido una sola manifestación pública del gobernador, de la vicegobernadora ni del ministro de Educación”, expresó el secretario general del gremio, Horacio Catena, señalando la falta de posicionamiento oficial ante los recientes episodios de agresión a docentes, algunos de ellos dentro de las aulas y frente a los estudiantes.

Reclamo de seguridad y protocolos urgentes

Catena remarcó que la docencia fueguina “no puede seguir siendo blanco de ataques sin que el Estado intervenga”. Denunció que más del 70% de las instituciones educativas carecen de protocolos de ingreso y control de acceso, lo que permite el ingreso de personas adultas sin supervisión.
En esa línea, la secretaria general adjunta Soledad Rottaris reclamó la conformación urgente del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente, para dar contención y respuesta ante los hechos de violencia que afectan tanto a docentes como a estudiantes.

“No somos esclavos de la educación”

El dirigente sindical también denunció un “discurso de odio hacia la docencia” por parte de ciertos dirigentes políticos, comunicadores sociales y sectores religiosos, a quienes acusó de alimentar el clima de hostilidad. “Parece que quieren instalar que no seamos trabajadores de la educación, sino esclavos de la educación”, afirmó.

Catena adelantó que el equipo jurídico del SUTEF analiza iniciar acciones legales por incitación a la violencia contra quienes promuevan o legitimen expresiones de odio hacia el sector docente.

Paro condicionado a respuestas del Gobierno

“Hoy se podría haber evitado el paro si el Ministerio de Educación hubiera convocado a una jornada de reflexión y hubiera garantizado seguridad”, sostuvo Catena, y advirtió: “Si en 48 horas no se cumplen las medidas que exigimos, jueves y viernes las escuelas se paran de nuevo”.

El SUTEF reclama medidas concretas, entre ellas la presencia de personal de control de acceso en los establecimientos, la aplicación de protocolos de resguardo y un posicionamiento público del Gobierno en defensa de los trabajadores de la educación.