Según el texto oficial, la medida busca “favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada”, con el argumento de garantizar la “sostenibilidad” del sistema y el “derecho a la educación de calidad”. En los hechos, la desregulación implica que cada institución podrá actualizar sus aranceles según su criterio, atendiendo —según el decreto— a las “condiciones del mercado y las demandas de las familias”.

Durante los últimos 30 años, los incrementos en las cuotas de colegios privados debían ser autorizados por el Estado, que analizaba los costos operativos, los subsidios recibidos y la razonabilidad de los aumentos. Esa supervisión desaparece con esta nueva normativa, que deroga el esquema de control instaurado en los años noventa.

Un nuevo escenario educativo: libre competencia o barrera económica

Desde el Gobierno, la medida se presenta como parte del plan de liberalización económica que impulsa el presidente Javier Milei, con el propósito de “resguardar el principio de libre contratación” y promover una “competencia leal” entre instituciones.

Sin embargo, la decisión genera preocupación entre familias y especialistas en educación, que advierten que el fin de los topes podría traducirse en aumentos abruptos de las cuotas en 2026, especialmente en provincias donde los subsidios estatales son menores y los costos operativos más altos.

En Tierra del Fuego, por ejemplo, el impacto podría sentirse con fuerza: el costo de vida es uno de los más altos del país y la oferta educativa privada es reducida. En ese contexto, el temor de muchos padres es que el acceso a ciertos colegios quede reservado a quienes puedan afrontar aranceles cada vez más elevados, ampliando la brecha entre educación pública y privada.

Entre la libertad de precios y la responsabilidad social

El Gobierno argumenta que la desregulación permitirá que las instituciones privadas se adapten mejor a la realidad económica del país, sin depender de autorizaciones burocráticas. Pero la contracara del nuevo esquema es que no se establecen límites ni mecanismos de control sobre los incrementos, ni se prevé una política compensatoria para las familias que podrían quedar excluidas.

La medida, en definitiva, traslada al mercado la regulación del sistema educativo privado, confiando en que la competencia entre escuelas determine los valores. El desafío será que esa libertad no se transforme en desigualdad.

Un cambio de paradigma

El Decreto 787 no sólo desregula precios: simboliza un cambio de paradigma en la política educativa argentina. El Estado deja de ser árbitro en la relación entre las familias y las instituciones privadas, y pasa a ocupar un rol marginal, limitado a la fiscalización general del servicio educativo.

Para unos, se trata de una modernización necesaria en tiempos de crisis. Para otros, un paso atrás en la garantía del derecho a la educación. Lo cierto es que, desde hoy, la escuela privada entra en una nueva era, y serán las familias las que, con su bolsillo, marquen el verdadero alcance de esta libertad recién estrenada.