La denuncia solicita la intervención activa de la Fiscalía de Estado frente a una serie de irregularidades detectadas que vulnerarían las leyes provinciales N° 244, N° 537, N° 55, el Decreto N° 1978/95, la Ley Nacional N° 25.675 de Presupuestos Mínimos Ambientales y el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566).

 

Pedido de información pública y negativa del Ministerio

 

El origen de la presentación se remonta al 3 de septiembre de 2025, cuando la Asociación Manekenk, mediante Nota N° 12/2025, solicitó información al Ministerio de Producción sobre la forma en que el Estado provincial habilita, controla y fiscaliza esta actividad acuícola de gran escala.

Según el análisis de la respuesta oficial, la extensión de los permisos otorgados no se ajustaría a la normativa vigente. Además, el Ministerio denegó el acceso al expediente N° 36400/2020, invocando restricciones que no corresponden al objeto del pedido ni a los supuestos previstos por la Ley Provincial N° 141 de acceso a la información pública.

 

Principales irregularidades detectadas

 

1. Falta de Evaluación de Impacto Ambiental (EsIA).

El proyecto proyecta una producción de 1200 toneladas en cinco años, superando ampliamente el límite de 300 toneladas anuales que hace obligatorio el Estudio de Impacto Ambiental según la Resolución S.P.E. y F. N° 35/2007.

A pesar de ello, la empresa no presentó el EsIA al momento de solicitar la ampliación del permiso (Res. 2650/21) y recién en agosto de 2025 habría iniciado el proceso de contratación, incumpliendo el principio preventivo y precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (N° 25.675).

 

2. Ausencia de estudios técnicos y ambientales de base.

El proyecto se ejecuta sin determinación de capacidad de carga del ecosistema ni línea de base ambiental completa. Los relevamientos del fondo marino aún están en curso y los primeros resultados, encargados al CADIC-CONICET, permanecen en revisión por la Secretaría de Pesca y Acuicultura.

Esto implica que los posibles riesgos ambientales no están cuantificados ni cuentan con medidas de mitigación aprobadas, contraviniendo los principios de sostenibilidad y protección ambiental.

 

3. Superficie adjudicada sin licitación pública.

La empresa Newsan Food S.A.U. obtuvo permisos que totalizan 20 hectáreas de espejo de agua (4 ha iniciales + 16 ha adicionales), cuando la Ley Provincial N° 537 limita los permisos a 4 hectáreas por permisionario y exige licitación pública para superficies mayores.

Manekenk advierte que la fragmentación de permisos podría constituir una elusión del mecanismo de concesión pública, contrariando el espíritu de la normativa.

 

4. Deficiencias operativas y administrativas.

El proyecto debió reasignar dos parcelas debido a condiciones técnicas desfavorables, lo que demuestra fallas en la evaluación inicial. Además, la autorización se habría otorgado sin intervención del área de ambiente, en violación a la Ley N° 1126/2016 (Ley de Aguas) y al Acuerdo de Escazú, que garantizan el acceso a la información y la participación ciudadana.

 

Las organizaciones requirieron a la Fiscalía que: Evalúe la posible omisión normativa del Ministerio de Producción.

Que intime a las autoridades competentes a cumplir las leyes provinciales y nacionales que regulan la acuicultura. Y que se expida sobre la negativa de acceso a la información pública respecto del expediente N° 36400/2020.

“Operar con una proyección de escala masiva sin contar con la evaluación ambiental aprobada ni con estudios de base concluidos representa una grave vulneración al principio de prevención ambiental y a los derechos de la ciudadanía fueguina a un ambiente sano y a la información pública”, expresó la Dra. Nancy Fernández, presidenta de la Asociación Manekenk.

Las organizaciones firmantes reafirmaron su compromiso con la defensa del ambiente y los bienes comunes de Tierra del Fuego y pusieron a disposición la documentación respaldatoria de la denuncia presentada.