El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que en 2026 se mantendrá el esquema de 190 días de clases, con un mínimo de 760 horas reloj para el nivel primario y 900 horas para el nivel secundario, en línea con el acuerdo alcanzado por todas las provincias en el Consejo Federal de Educación.

La medida, presentada como un compromiso con la calidad educativa, choca de frente con la experiencia reciente: durante 2025, la provincia no logró cumplir ni siquiera la carga mínima de horas efectivas, con extensos paros, problemas edilicios, suspensión de clases y una conflictividad gremial que volvió a marcar el pulso del sistema educativo fueguino.

Una meta ambiciosa en un sistema en crisis

El anuncio busca mostrar voluntad política y alineamiento con la agenda educativa nacional, pero el panorama local es mucho más complejo. Las escuelas de la provincia —tanto en Río Grande como en Ushuaia y Tolhuin— vienen atravesando años consecutivos de inestabilidad, con aulas sin docentes, edificios con deficiencias estructurales y un clima de desconfianza generalizado entre los distintos actores del sistema.

El gremio docente SUTEF sostiene desde hace tiempo que el Ejecutivo provincial no tiene un plan real de recuperación del calendario escolar y que la falta de diálogo y previsión ha llevado a un deterioro histórico del sistema.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación insiste en “garantizar la continuidad pedagógica”, aunque sin precisar medidas concretas para asegurar que los alumnos completen efectivamente la jornada diaria.

El espejo de los últimos años

El ciclo 2025 cerrará nuevamente con días y horas de clases por debajo de lo establecido, un problema que se repite desde hace varios años. Las causas son múltiples: conflictos salariales, infraestructura deficiente, falta de mantenimiento y demoras en la cobertura de cargos docentes.
Cada uno de estos factores erosiona la posibilidad de cumplir con el calendario formal y amplía la brecha educativa dentro de la provincia.

En paralelo, el discurso oficial habla de un compromiso con la “calidad educativa”, pero en la práctica los padres y estudiantes se enfrentan a suspensiones frecuentes, turnos reducidos y un rendimiento escolar en retroceso.

Entre el compromiso y la desconfianza

El desafío para 2026 será enorme. Cumplir los 190 días implica no solo mantener abiertas las escuelas, sino también garantizar condiciones reales de aprendizaje. Para eso, el Gobierno provincial deberá resolver problemas estructurales que vienen acumulándose:

• Edificios en mal estado y falta de mantenimiento básico.

• Escasez de docentes en áreas clave.

• Discontinuidad en los programas de refuerzo pedagógico.

• Desarticulación entre el Ministerio y las instituciones escolares.

El anuncio oficial se presenta como una señal política, pero la sociedad fueguina —cansada de promesas incumplidas— reclama hechos concretos: aulas abiertas, docentes presentes y un Estado que asuma la educación como prioridad real.

Una promesa que deberá transformarse en hechos

Ratificar los 190 días de clases es, sin duda, un gesto institucional importante. Pero en Tierra del Fuego, donde la escuela pública atraviesa uno de sus momentos más críticos, la medida solo tendrá valor si se traduce en una transformación efectiva del sistema educativo.

El desafío es mayúsculo: reconstruir la confianza, ordenar la gestión y garantizar el derecho a aprender.
Porque, en definitiva, los 190 días no pueden quedar en una cifra sobre el papel: deben sentirse en las aulas, en los docentes y en los estudiantes que hoy esperan algo más que un nuevo compromiso formal.