Por: Ramón Taborda Strusiat

El Movimiento de Trabajadores, Estudiantes Universitarios y Jubilados de Tierra del Fuego envió una carta abierta a los legisladores provinciales para reclamar el tratamiento y la aplicación efectiva de la Ley Provincial de Abastecimiento N.º 844/11, que fue sancionada hace más de una década pero —según señalan— nunca se implementó en su totalidad.

La normativa fue creada en 2011 como complemento de la Ley Nacional 19.640, con el objetivo de establecer una Comisión de Control y Seguimiento encargada de supervisar la administración de los beneficios fiscales y económicos derivados del régimen de promoción industrial. Sin embargo, el Movimiento denuncia que “distintos intereses y la falta de visión de los funcionarios de turno impidieron la puesta en marcha de esa comisión”.

“Los gobernadores sistemática y reiteradamente no cumplieron el mandato constitucional de la provincia”, expresa el documento, al tiempo que cuestiona que la Legislatura “tampoco interpeló al ministro del área como corresponde”, generando —afirman— “un enorme daño a la economía de todos los fueguinos”.

Desde la organización sostienen que existe un plan económico posible, pero que falta voluntad política para llevarlo adelante. Subrayan que la ley fue diseñada para asegurar la economía y el bienestar de los habitantes de la provincia, promover el arraigo poblacional y fortalecer el ejercicio de la soberanía territorial en el extremo sur del país.

En ese marco, el Movimiento convoca a todas las instituciones interesadas y beneficiarias de la aplicación de la Ley 844 a generar una “fuerza común” y a instar al Poder Ejecutivo provincial a cumplir con lo previsto en la norma, bajo apercibimiento de las sanciones establecidas por la Constitución fueguina.

“Dada la situación económica y social que nos afecta a todos, y más a los humildes, es urgente darle un tratamiento profundo y efectivo a este tema para recuperar el mercado interno y garantizar una distribución justa de los beneficios fiscales”, concluye el comunicado, que además solicita una reunión con los legisladores para coordinar acciones conjuntas.