Por: Ramón Taborda Strusiat
Río Grande.- La Cámara de Comercio, Industria y Producción (CCIP) de Río Grande recibió la visita de la legisladora Natalia Gracianía, integrante del bloque La Libertad Avanza, con el objetivo de analizar la situación del sector comercial y emprendedor, y avanzar en herramientas que permitan aliviar la carga financiera de las PyMEs locales.
Durante el encuentro —del que participaron el presidente José Luís Iglesias, el secretario Gustavo Poleri, el prosecretario Fernando Allo y el tesorero Carlos Tolaba— los representantes de la entidad reiteraron la necesidad de implementar una moratoria provincial o “régimen de regularización excepcional” para que comerciantes y emprendedores puedan reencauzar sus deudas tributarias, en un contexto de fuerte contracción económica.
Además, la CCIP insistió en la importancia de que la provincia adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acelerar la instrumentación del Puerto Seco en la zona norte y modificar la ley de pesca para habilitar nuevos emprendimientos. También se expresó preocupación por la caída de puestos laborales en el sector privado.
El presidente ‘Gigi’ Iglesias comentó a la parlamentaria que muchos de los asociados no llegan a cumplir con sus obligaciones y no pueden tampoco tomar préstamos para el cumplimiento de las mismas, “por las altas tasas bancarias. Por lo tanto, terminan postergando los pagos tributarios”.
En tanto la legisladora Gracianía explicó que, hasta el momento, “ni la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) ni el Poder Ejecutivo provincial presentaron un proyecto de moratoria y por ello y ante el requerimiento de la Cámara de Comercio de Río Grande y de CAFUFAMA, decidimos impulsar una iniciativa en ese sentido en la Legislatura provincial”.
En este punto remarcó que “desde la Cámara de Comercio y también desde CAFUFAMA nos manifestaron la enorme preocupación que tienen por las dificultades que enfrentan los comerciantes y emprendedores para ponerse al día con los tributos provinciales”.
La legisladora informó que el proyecto presentado en la Legislatura propone un plan de regularización voluntaria, con la posibilidad de una presentación espontánea de los contribuyentes ante AREF, contemplando intereses mensuales que no superen el 2% y planes diferenciados según el tamaño de los contribuyentes.
“La idea es brindar una herramienta real para que los comerciantes y PyMEs puedan ponerse al día sin quedar asfixiados financieramente”, agregó.
Finalmente, Gracianía destacó la “predisposición al diálogo” de las instituciones empresarias y remarcó la importancia de que el Estado provincial escuche las demandas del sector privado y acompañe con medidas concretas que apunten a la reactivación económica.