RÍO GRANDE.– Un fallecimiento domiciliario ocurrido este miércoles derivó en un conflicto institucional que impacta de lleno en el sistema sanitario fueguino. La médica del Servicio de Emergencias 107, Dra. Amalia Valdivia, fue demorada por la Policía tras constatar la muerte de un hombre en una vivienda de calle Alberdi. El procedimiento, que incluyó su traslado para notificación judicial, generó un fuerte rechazo en el ámbito profesional.

En declaraciones a FM Provincia, la secretaria de Asuntos Laborales y Medio Ambiente del SIPROSA, Dra. Sandra Castro, calificó el episodio como “un atropello” y advirtió sobre el desconocimiento de los protocolos que rigen la labor prehospitalaria.

“¿Desde cuándo los médicos somos tratados literalmente como delincuentes por ejercer y respetar nuestro ejercicio profesional? No lo comprendo”, expresó con indignación.

Según explicó, en los casos donde un equipo del 107 arriba a un domicilio y se encuentra con una persona ya fallecida, el procedimiento es claro: constatar el óbito, dejar registro formal y activar la intervención de Policía Científica. Solo con el certificado de no criminalidad puede completarse la parte estadística del certificado de defunción.

En este caso —según la información que recibió directamente de la profesional involucrada— ese documento no habría sido entregado, lo que imposibilitaba completar el trámite.
“La doctora hizo todo lo que correspondía. Si no se entrega el certificado de no criminalidad, no se puede avanzar. Es un procedimiento técnico, no una opinión personal”, remarcó.

“La sacaron esposada como si fuera una delincuente”

Uno de los puntos más críticos señalados por Castro fue el modo en que se procedió con la médica Valdivia.
“Hubo una cosa horrífica: sacaron a la doctora esposada, con un celular grabando, como si fuera una delincuente. Esto es inadmisible”, denunció.

Castro insistió en que la actuación médica en estos casos es extremadamente delicada:
“Determinar la muerte es una de las mayores responsabilidades profesionales. Si hay dudas de causa u horario, corresponde sugerir autopsia. Eso no es desobediencia: es medicina.”

La dirigente también señaló que el fallecido presentaba signos de evolución y no estaba claro el tiempo transcurrido desde la muerte, lo que refuerza la necesidad de un procedimiento judicial adecuado.

“Nos están exponiendo y nadie nos respalda”

La referente de SIPROSA cuestionó la falta de acompañamiento institucional:
“Las autoridades están ciegas, sordas y mudas. Salimos a la calle como podemos y nadie nos cuida. Lo único que nos cuida somos nosotros mismos, espalda con espalda.”

Asimismo, criticó el clima social y judicial que, según afirma, está generando temor entre los profesionales:
“Hace unos años nos aplaudían en las puertas y ponían música en las ventanas. Ahora nos tratan como criminales por hacer lo que corresponde. Es un atropello.”

Acciones legales y preocupación sectorial

Desde SIPROSA confirmaron que ya trabajan con abogados locales y nacionales para respaldar a la profesional.
“Esto no va a quedar así. No se puede exponer a personal altamente calificado de esta manera. No corresponde desde ningún punto de vista”, aseguró Castro.

Mientras tanto, la Justicia notificó a la médica en relación a los presuntos delitos de “desobediencia a una medida judicial” y “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Un perito forense del Poder Judicial completó finalmente el certificado médico para la entrega del cuerpo a la familia.

El episodio dejó un fuerte llamado de atención en el sistema sanitario: los profesionales reclaman que se respeten los protocolos, se eviten procedimientos estigmatizantes y se refuerce la articulación entre salud, policía y justicia para que situaciones como esta no se repitan.