En contacto con FM del Pueblo, el abogado de la firma, Dr. Raúl Paderne, confirmó que en los últimos días fueron rechazados el recurso extraordinario federal y el recurso in extremis, con lo cual la negativa quedó firme y el caso entró en una nueva etapa de disputa administrativa y jurídica.
“Estamos ante la caída de la medida cautelar, pero seguimos dando batalla. No nos vamos a rendir por un fallo adverso”, afirmó Paderne. La empresa sostiene que toda la producción fabricada entre la revocatoria y la firmeza del fallo debería poder exportarse, interpretación que comparte el Gobierno de la Provincia.
En paralelo, la planta está prácticamente frenada y acumulando stock sin posibilidad de colocarlo en el continente. “Lleva un grado de dificultad que ha terminado, desgraciadamente, con el despido de 35 trabajadores. Cada vez vamos reduciendo más. La situación es casi insostenible”, lamentó.
El pedido de autorización fue tratado en el CAE (Comité de Evaluación de la Actividad Especial), donde hubo un voto dividido que dejó expuesta la tensión entre Nación y Tierra del Fuego.
Votaron en contra:
La administradora de la Aduana de Río Grande.
Los representantes nacionales de la Secretaría de Industria y Comercio: Javier Cardini y Juan Ignacio Rodríguez.
Los representantes de la Secretaría de Hacienda: Paula Cibes y Juan Marcelo Pucho.
Votaron a favor:
La representante de Industria Fueguina, Sonia Castiglione.
El dirigente de la UOM, Oscar Martínez.
El exsecretario de Industria provincial, Ramiro Caballero.
Para Paderne, el rechazo no tiene sustento jurídico:
“Es una decisión netamente política del Gobierno nacional. Se amparan en una supuesta legalidad que no existe. El decreto 594/2023 es ilegal por donde se lo mire, y su aplicación está destruyendo a la industria textil.”
El abogado fue contundente al afirmar que los ataques al régimen de promoción no son nuevos ni exclusivos de un gobierno:
“Los ataques a la Ley 19.640 no son privativos de esta administración. Vienen desde el 2000 en adelante, y se profundizaron después de 2010. Hay una continuidad en el uso ilegal de facultades supuestamente delegadas. Se actúa primero y después se intenta legalizar en el Congreso.”
Advirtió que la incertidumbre se siente en la calle:
“No hay certezas. La gente está cabizbaja. El 15 de enero vence el plazo para los aranceles y no sabemos qué va a pasar con la continuidad de las fábricas.”
El rechazo a Sueño Fueguino ocurre en un contexto devastador para la industria fueguina:
Cierre de Blanco Nieve.
Suspensiones en electrónicos.
150 despidos en Newsan.
Un trabajador que se quitó la vida tras perder su empleo.
“Sin empresa no hay trabajo, y sin trabajo no hay empresa”, sintetizó Paderne.
El Gobierno de Tierra del Fuego se presentó como amicus curiae en respaldo de la textil, destacando el interés público y el impacto social que tendría la paralización definitiva de la firma.
“El gobernador mostró claramente su preocupación por lo que pasa en la comunidad. Todo apoyo es bienvenido y se agradece”, señaló el abogado.
Paderne adelantó que continuarán presentando nuevos recursos y que seguirán litigando “hasta revertir la ilegalidad”, aunque admitió que los tiempos judiciales podrían agravar aún más la crisis interna de la empresa.
Mientras tanto, no hay anuncio oficial de cierre, pero la situación es extremadamente delicada.
“Es una lucha incesante por el derecho. Seguimos trabajando, pero la industria textil no soporta más ataques ilegales. Esto no es político: es jurídico, y es ilegal”, concluyó.