Los trabajadores del Gobierno de Tierra del Fuego que se desempeñan bajo la modalidad de contrato de locación de servicios quedaron afuera del pago total correspondiente a octubre. La Provincia únicamente les abonó el 50% de sus ingresos, dejando a cientos de empleados a la deriva económica en plena primera quinsena del mes.

Según pudo saber este medio, la situación generó una fuerte preocupación dentro de las distintas áreas del Ejecutivo, ya que los trabajadores por locación cumplen tareas iguales -y en muchos casos de mayor responsabilidad- que el personal de planta, pero con ingresos sustancialmente menores: entre $650.000 y $800.000 mensuales.

A esa diferencia estructural ahora se suma un recorte inesperado que los dejó sin la mitad de sus honorarios mientras deben afrontar vencimientos de ARCA, aportes a AREF, pago a contadores y gastos básicos. “Nos están usando como variable de ajuste”, expresó uno de los trabajadores, que evitó identificarse por temor a represalias.

Silencio oficial y temor puertas adentro

Los trabajadores consultados coinciden en que no tienen explicaciones oficiales sobre por qué se decidió dejar sin pago completo a este sector, que es clave en la operatividad diaria casi todos los ministerios. Aseguran que la falta de comunicación agrava aún más la situación: “Seguimos trabajando normalmente, cumplimos horarios y funciones, pero no cobramos. Nadie nos dice nada y el miedo a perder el único ingreso hace que nadie pueda reclamar”.

Al malestar económico se suma el enojo interno por la paradoja de que los mismos empleados que quedaron sin cobrar suelen ser obligados a participar en actos oficiales, actividades proselitistas, caminatas y tareas extras que exceden sus funciones, bajo la lógica de “colaboración obligatoria”.

Una situación que se repite

En el ámbito gubernamental, la modalidad de locación de servicios es utilizada desde hace años para cubrir vacantes o reforzar áreas críticas sin generar relación de dependencia. Esa figura deja a los trabajadores en un limbo: sin estabilidad laboral, sin derechos equiparables a la planta y, como ahora, expuestos a recortes arbitrarios.

A esta crítica situación se suma el cómplice silencio de los gremios estatales, que optan por mirar hacia otro lado mientras varios cientos de trabajadores contratados siguen sin cobrar, sin respuestas y sin la posibilidad real de alzar la voz.

La incertidumbre crece y el enojo también. En silencio, muchos se preguntan si el pago del otro 50% llegará, y cuándo. Mientras tanto, siguen trabajando, pero sin cobrar y sin respuestas.